El dilema de la adopción prenatal: perspectivas opuestas en Colombia
El objetivo de la adopción prenatal es permitir que las mujeres que tienen un embarazo no deseado puedan dar en adopción al bebé en gestación. La autorización se otorgaría durante el embarazo y el bebé sería entregado a los adoptantes después del parto. Además, se propone brindar asistencia médica y psicológica a la madre biológica.
Naturalmente, este proyecto ha generado una amplia polémica, especialmente porque a partir de 2022, con la sentencia C-055, el aborto ha sido despenalizado en Colombia hasta la semana 24 de gestación. Precisamente, este proyecto busca disuadir a las mujeres afectadas de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. Como antecedente, en 2006 la Corte Constitucional despenalizó el aborto mediante la sentencia C-355, estableciendo tres casos específicos: peligro para la salud o la vida de la mujer, malformación del feto que lo haga inviable y acceso carnal violento o transferencia no consentida de óvulo o espermatozoide.
También le puede interesar: Incentivos de $10 millones para proyectos de prevención en maternidad y paternidad temprana
El debate ha puesto de manifiesto posturas radicalmente opuestas. Al igual que en las discusiones sobre el aborto, hay quienes sostienen que desde la concepción hay un nuevo ser con sus derechos, por lo que consideran que la adopción prenatal ofrece una alternativa distinta a la interrupción voluntaria, respetando así la vida del no nacido que es un niño protegido. El argumento jurídico principal de esta postura se basa en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Aquellos que defienden esta posición, especialmente los católicos, niegan que este proyecto se convierta en una barrera para las mujeres y enfatizan la necesidad de prevenir el aborto.
Por otro lado, entre aquellos que piden que se archive el proyecto se encuentran grupos defensores de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como representantes del Estado, en particular de los sectores de salud, justicia y del ICBF. Sus argumentos son variados, y uno de ellos es que la autorización para la adopción solo debería otorgarse un mes después del nacimiento. El proyecto de ley propone que la adopción se pueda tramitar durante el embarazo, lo cual, según los opositores, podría generar una gran presión psicológica sobre la mujer embarazada. Además, argumentan que el nacimiento es el criterio que define a un sujeto de derecho y, por lo tanto, el objetivo de la adopción debe ser garantizar los derechos de los niños que ya han nacido.
Además, se plantea que el proyecto pone en peligro la autonomía reproductiva de la mujer y podría llevar a una maternidad forzada. Además, la asistencia médica y psicosocial mencionada en el proyecto no está del todo clara, ya que la adopción de un niño o una niña conlleva profundas implicaciones psicológicas para la persona que adopta, quien seguramente no quedará indiferente después de una gestación de nueve meses. En resumen, el proyecto abre la puerta a una instrumentalización del cuerpo femenino. Los argumentos son numerosos y la discusión continuará.
