¿Qué se va a definir con la consulta anticorrupción?

Después del álgido proceso electoral que se ha vivido en el país, durante lo que va de este año, ahora inicia la campaña para que los colombianos den aprobación a una serie de cambios que están estipulados en una consulta popular.

Esta herramienta democrática servirá para determinar la opinión de los ciudadanos frente a siete temas diferentes que, según sus promotores, están relacionados con temas anticorrupción. Para que esta consulta, en su totalidad, sea aprobada, la participación del próximo 26 de agosto deberá ser del 33% del censo electoral, lo que corresponde a al menos 12.000.261 votos.

Tal como lo explicó el ministro del interior, Guillermo Rivera, cada una de las preguntas del tarjetón de la consulta, deberá alcanzar la aprobación de la mitad más uno de ese umbral electoral, para ser aprobada; lo que equivale a 6.130.657 votos por el “si” en cada una de ellas. De tal manera que no se descarta que algunos de estos temas puedan alcanzar la aceptación, mientras que otros no.

La senadora Claudia López, una de las promotoras de este mecanismo de participación ciudadana, explicó que los mandatos a los que se les dé luz verde por parte de la ciudadanía serán tramitados como leyes en el Congreso, en donde habrá plazo de un año para su aprobación, y de no ser así, el presidente de la República los podrá expedir como decreto.

Los ítems definidos y que corresponden a cada una de las preguntas son los siguientes: disminución del salario de los congresistas, cárcel a los corruptos, contratación transparente, presupuestos públicos con participación ciudadana, rendición de cuentas para los congresistas, los bienes e ingresos de los políticos deberán ser de conocimiento público y un límite de tres periodos en las corporaciones de elección popular.

López explicó cada una de las preguntas, a la luz de la que será su campaña “siete veces sí”, con la que buscará que se puedan sacar adelante todas las propuestas.

1. Reducción del salario de congresistas y altos funcionarios

Los ingresos de los senadores y representantes a la cámara disminuirán de 40 a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este mandato también incluye a algunos altos funcionarios del Estado. Con esta propuesta, aclara, la senadora López, se busca corregir la desigualdad salarial y liberar recursos para los de más bajos ingresos.

2. Cárcel para los corruptos y sanciones para contratar con el Estado

Las personas condenadas por corrupción deberán cumplir, en su totalidad, la condena en una cárcel, sin beneficios especiales de reclusión; además, el Estado tendrá potestad de dar por terminado los contratos que tengan vigentes, sin indemnización alguna y cerrándoles las puertas para volver a contratar con entidades públicas.

3. Transparencia en la contratación en todo el país

Se establecerán pliegos tipo y deberá haber pluralidad en los proponentes en la contratación pública del Estado, con el objetivo de evitar la manipulación en los requisitos de las licitaciones y la “contratitis a dedo”, por parte de funcionarios públicos.

4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía

Se deberá convocar a audiencias públicas con participación ciudadana, de los gremios y los medios de comunicación, en donde se definirá como se invertirán los recursos del presupuesto de la Nación. Para la excandidiata a la vicepresidencia es quizá el mandato más importante, al asegurar, que con éste, se busca acabar con la llamada “mermelada” y la “negociadera por debajo de la mesa”.

5. Congresistas deberán rendir cuentas

Todos los miembros del Congreso de la Republica estarán obligados a entregar de manera detallada y pública, por lo menos una vez al año, un balance de su asistencia a los debates, votación y gestión de intereses particulares o de lobistas, así mismo, las partidas o inversiones públicas que hayan gestionado y los candidatos que hayan presentado para cargos públicos.

6. Los políticos deberán hacer públicos sus bienes y habrá extinción para ingresos injustificados

Todos los colombianos que busquen acceder a un cargo de elección popular deberán presentar públicamente el registro de patrimonio, de bienes, de pago de impuestos y de conflicto de intereses, como requisito para posesionarse en su cargo. En caso de no poder justificar sus ingresos se procederá a una investigación en su contra con la posibilidad de que se le aplique extinción de dominio, incluyendo a sus familiares y socios.

7. Límite de períodos en corporaciones públicas

Esta propuesta “desatornilla a los políticos del poder”, asegura la senadora y señala que se establecerá como límite máximo tres periodos, en cualquier corporación pública de elección popular, entre ellas, el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales.

La representante a la cámara y senadora electa Angélica Lozano, aseguró que desde ahora “todos los ciudadanos son voceros de la consulta” y desde diferentes sectores “se debe buscar la unión, por encima de las diferencias, por una causa común”, por su parte, el ministro Rivera, explicó que los funcionarios públicos están en libertad de participar en la promoción de esta iniciativa ciudadana.

Los detractores

Contrario a la opinión de las líderes políticas del partido verde y promotoras del “si” en la consulta, el senador Roy Barreras asegura que esta propuesta “es un espejismo colectivo”, que le costará al país cerca de 300 mil millones de pesos.

Barreras señaló que en torno a esta consulta “hay un discurso populista” y afirmó que ya existen leyes en el país que hacen públicas las contrataciones y sus procesos y que ésta iniciativa no acaba con la “mermelada”, como pretenden mostrárselo al país sus promotoras.

Así mismo, el senador del Partido de la U, al referirse a los bienes de los servidores públicos, señaló que en el Sistema de Información y Gestión del Empleo (SIGEP), del Departamento Administrativo de la Función Pública, se encuentra toda la información de los funcionarios y está disponible para cualquier persona.

También, al hacer referencia a la pretensión de rebajar los sueldos y de limitar los periodos de los elegidos en cargos públicos, indicó que aunque está de acuerdo, no se pueden hacer por ser inconstitucionales.

Barreras aseguró que lo que necesita el país es una reforma política y electoral de fondo, una reforma a la justicia estructural y el debido cumplimiento de las normas ya establecidas en el estatuto anticorrupción.

A esta posición en contra de la consulta, se espera que en los próximos días se inscriban ante la Registraduria Nacional otros comités que manifiesten su desacuerdo y se sumen a la promoción del “no” como otra opción ciudadana.