Fiscalía pide que se investigue a ex presidente Uribe por masacre de El Aro
En las últimas horas el fiscal general Eduardo Montealegre, anunció que el ente investigador realizó compulsas de copias a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión de la Cámara de Representantes para que investiguen al ex presidente de la República y actual senador Álvaro Uribe Vélez por la masacre ocurrida en el corregimiento de El Aro durante el año 1997.
Esta orden de investigación se da tras la audiencia realizada en Estados Unidos en la que Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, dijo que en su momento se presentó una estrategia para desviar la investigación y se le ofreció dinero al desmovilizado de las AUC, Francisco Villalba, para que se declarara responsable del hecho y favoreciera al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.
“ Como don Berna establece que el señor Francisco Villalba quien fue muerto violentamente cuando se encontraba en detención domiciliaría por unos sicarios como él afirma que se trató de un crimen de Estado, por esta razón, también la Fiscalía General de la Nación compulsa copias para que sea la comisión de acusaciones quien determine si existe o no alguna vinculación entre la muerte de Villalba y la estrategia de desvío de la investigación cuando era Álvaro Uribe el presidente de la República”, dijo el fiscal Montealegre.
Además de dar a conocer las compulsas de copias para que investiguen al ex presidente Uribe, el fiscal Eduardo Montealegre ordenó la creación de una comisión que investigue también el vínculo de estas masacres paramilitares con las tres muertes que ocurrieron posteriormente a los hechos, entre las que se encuentran la del ex secretario de la Gobernación de Antioquia, Pedro Juan Moreno, el defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle, y el desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia, Francisco Villalba.
De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estas personas fallecidas habían informado sobre la presencia militar en la región, la repartición de tropas y en el caso de Jesús María del Valle, quien antes de su muerte había denunciado la toma paramilitar que se presentaba en algunas zonas del departamento de Antioquia.
En línea con lo anterior, el Fiscal General también citó la condena que frente a la masacre de el Aro emitió la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en contra de Colombia, en la cual se informa que se presentaron omisiones por parte de la Gobernación de Antioquia, que para 1997 estaba a la cabeza del ahora senador Álvaro Uribe Vélez y en la que fallecieron 19 personas, así como resultaron 15 familias desplazadas.
“Aquí estamos cumpliendo nuestro deber contra las grandes violaciones de derechos humanos porque como fiscal comparto la tesis de que la justicia transicional y el proceso de paz se debe construir sin impunidad. No debe haber impunidad ni para las Farc, ni para el paramilitarismo ni para los miembros de la fuerza pública comprometidos con graves violaciones a losderechos humanos”, concluyó Montealegre.
