Consejo de Estado: en desacuerdo con la revisión de fallos de la Procuraduría General de la Nación

Argumenta violaciones constitucionales y debilitamiento de la autoridad disciplinaria del Procurador General.

María Camila Idrobo

El Consejo de Estado ha expresado su desacuerdo con una decisión de la Corte Constitucional que establece que el Consejo debe revisar automáticamente las sanciones impuestas por la Procuraduría General de la Nación a los funcionarios elegidos popularmente, como alcaldes, gobernadores y congresistas.

Según el alto tribunal, esta determinación convierte al Consejo de Estado en un copartícipe de las decisiones disciplinarias, lo cual, a su juicio, viola de manera evidente la Constitución Política de Colombia y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. El papel principal del Consejo de Estado, afirman, es ejercer el control de legalidad de las acciones administrativas, no fungir como última instancia en los procesos disciplinarios.

El Consejo de Estado argumenta que al otorgársele la responsabilidad de tomar las decisiones definitivas en los procesos disciplinarios, se está socavando la estructura organizativa del Estado colombiano y se está debilitando la autoridad disciplinaria asignada al Procurador General.
 


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Además, el Consejo de Estado cuestiona el fallo de la Corte, resaltando que no cumple con el mandato de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con las funciones sancionatorias de la Procuraduría.

En resumen, el Consejo de Estado ha expresado su desacuerdo con la decisión de la Corte Constitucional que establece la revisión automática de las sanciones impuestas por la Procuraduría. Argumenta que esta medida viola la Constitución y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, y socava la autoridad disciplinaria del Procurador General. También cuestiona que el fallo de la Corte no cumple con los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto a las funciones sancionatorias.