El senador del Centro Democrático Alirio Barrera atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera política: una exfuncionaria de la Gobernación de Casanare lo acusa de haberla acosado sexualmente en 2016, mientras que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adelanta un expediente administrativo en su contra por la presunta acumulación irregular de más de 412 hectáreas de origen baldío en ese mismo departamento.
La denuncia por acoso sexual
La presunta víctima, quien pidió mantener su identidad en reserva, formalizó una denuncia penal contra Barrera y narró los hechos ante la revista Cambio. Según su relato, el entonces gobernador la tomó por las manos con fuerza, la jaló hacia él y la besó en contra de su voluntad dentro de una oficina.
"Yo no podía gritar, solo hacer el sonido de que no quería eso. De repente me soltó y se alejó", describió. La mujer contó que al reclamarle por lo sucedido, Barrera guardó silencio, se desplazó al otro lado de la oficina y retomó la conversación como si nada hubiera ocurrido, momento en que le entregó 400.000 pesos en efectivo de una maleta para atender una solicitud de ayuda para una iglesia.
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El entorno del senador rechazó las acusaciones y las atribuyó a una operación de desprestigio orquestada por el político Jorge Enrique Ortiz, conocido como "Segurito", quien habría sido el primero en radicar la denuncia. El equipo de Barrera subrayó que el proceso está en su fase más temprana y que no existe hasta ahora ninguna acusación formal ni elementos probatorios que sustenten el testimonio.
La denunciante, no obstante, respondió de antemano a ese argumento: "Sé que el apoyo de él puede generar comentarios y que el senador se va a excusar en que es un ataque político. Pero yo sé que lo que digo es verdad, al punto de que no quise hacerlo público antes de las elecciones porque no me interesa", declaró a Cambio.
Bajo investigación también por tierras baldías
El senador Barrera enfrenta además un expediente administrativo abierto por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tras la identificación de más de 412 hectáreas de origen baldío bajo su control en los municipios de Nunchía y Aguazul, en Casanare.
Según un reporte de Casa Macondo citado por El Tiempo, la entidad investiga si el parlamentario consolidó su patrimonio inmobiliario mediante operaciones que podrían configurar un esquema de acumulación irregular sobre terrenos que la ley reserva para campesinos sin tierra.
El caso está a cargo de la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras de la ANT. Aunque los predios en cuestión ya no tienen formalmente la condición de baldíos, conservan ese origen, lo que los mantiene bajo restricciones legales de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que limita la extensión máxima de tierra que puede poseer una persona.
De acuerdo con la información publicada, Barrera figura como propietario de 14 predios, ocho de ellos con origen baldío, en zonas donde la normativa prohíbe la concentración de la propiedad rural.
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La investigación apunta además a que parte del crecimiento patrimonial del senador estaría ligado a la adquisición y posterior fragmentación de predios adjudicados originalmente por el Incora, un mecanismo que habría permitido esquivar las restricciones legales sobre acumulación de baldíos.
La ANT no se ha pronunciado sobre los plazos ni las posibles medidas derivadas del expedie
