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Bogotá, Magdalena y Cartago deberán responder por cámaras de fotomultas

La Superintendencia de Transporte inició investigación a las secretarías de Tránsito y Transporte de Bogotá, Magdalena y Cartago por instalar cámaras de fotodetección sin autorización.Según explicó el ente de control, se formularon cargos contra las entidades que presuntamente instalaron y pusieron en operación en su jurisdicción cámaras de fotomultas sin contar con la autorización previa y sin tener la señalización adecuada en el lugar donde están ubicados dichos elementos .

La Superintendencia de Transporte inició investigación a las secretarías de Tránsito y Transporte de Bogotá, Magdalena y Cartago por instalar cámaras de fotodetección sin autorización.

Según explicó el ente de control, se formularon cargos contra las entidades que presuntamente instalaron y pusieron en operación en su jurisdicción cámaras de fotomultas sin contar con la autorización previa y sin tener la señalización adecuada en el lugar donde están ubicados dichos elementos .

“Los organismos de tránsito tienen que ser conscientes de que si colocan sistemas sin autorización se exponen a sanciones por parte de la Superintendencia de Transporte, sin perjuicio de otras consecuencias legales. La entidad continuará escuchando a los ciudadanos para investigar a quien esté infringiendo la Ley”, indicó el superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza.

La Supertransporte es la encargada de la vigilancia, inspección y control del uso que le dan las entidades territoriales a los Sistemas o equipos automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones de tránsito (Sast).

“De igual manera, otros 14 organismos de control de tránsito de toda Colombia están siendo investigados por los mismos motivos, mientras que la Superintendencia de Transporte revisa la situación de los sistemas de fotodetección utilizados por 40 organismos de tránsito en diferentes regiones del país”, indicó el superintendente.

La entidad explicó que en caso de que los investigados sean encontrados responsables por los incumplimientos de los criterios para el uso de estas cámaras, “se podrán suspender las ayudas tecnológicas hasta tanto estos cumplan con la norma. En cuanto al no suministro de información, los investigados podrán ser multados hasta con 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)”.

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