El próximo 4 de marzo el Consejo de Estado realizará una audiencia pública para escuchar los argumentos, tanto de los excombatientes, así como del Gobierno sobre la entrega de los bienes de las Farc, cuyo plazo venció el pasado 31 de diciembre.
Según los excombatientes no se ha definido claramente cómo será dicha entrega, ya que a través de un decreto el Gobierno aseguró que no solo se deberá adelantar la entrega de los inmuebles, sino además garantizar su protección, cuando inicialmente el Acuerdo de Paz solo establecía que se debía aportar la información de los bienes.
Indican los excombatientes que ellos no pueden garantizar la protección de tales bienes, pues no tienen las herramientas con las que cuenta el Estado ni armas para defender las propiedades.
"No es posible para los integrantes de las ya desaparecidas Farc-EP mantener manejo o custodia material de estos bienes, pues esto podría ser interpretado como un incumplimiento de uno de los mayores compromisos (la dejación de armas) suscritos en el Acuerdo de Paz, pues los bienes y su manejo en nuestra anterior organización, tenían como fundamento sostener la rebelión armada", aclararon.
Sin embargo, el Gobierno argumenta que no pueden recibir los bienes ni protegerlos porque supuestamente estos no les pertenecen a las extintas Farc, ya que eran de otros colombianos que por el conflicto perdieron sus propiedades, a lo que los excombatientes puntualizan que los procesos de saneamiento los debe realizar el Estado.
Ante de este debate, el Consejo de Estado será el encargado de definir cómo se hará la entrega de más de 700 propiedades, 12.000 millones de pesos, 450.000 dólares, 440.000 gramos de oro y más de 70 mil bienes obtenidos por la desaparecida guerrilla durante el conflicto.
