El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que Colombia iniciará el proceso para retirarse del sistema internacional de arbitraje de inversión, un mecanismo utilizado para resolver disputas entre Estados e inversionistas extranjeros.
El pronunciamiento se produjo durante la presentación del informe “El modelo económico está cambiando: avances y resistencias bajo el gobierno Petro”, en el que el Ejecutivo expuso los avances y desafíos del programa económico de la actual administración.
Según el mandatario, el sistema de arbitraje internacional ha demostrado tendencias desfavorables para los Estados, por lo que considera necesario revisar el papel de Colombia en este esquema jurídico internacional.
Durante su intervención, Petro cuestionó que muchas disputas entre Estados y multinacionales se resuelvan en tribunales arbitrales privados, que en numerosos casos operan fuera del país involucrado.
A juicio del mandatario, este modelo tiende a fallar a favor de los inversionistas, lo que pone en desventaja a los gobiernos que enfrentan litigios derivados de contratos internacionales.
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“Varios países ya han anunciado o han hecho su salida de ese tipo de arbitraje, entre ellos Estados Unidos, no veo por qué Colombia no tenga que hacerlo”, afirmó el jefe de Estado.
El anuncio se produce tras la recepción de una carta firmada por 200 economistas y académicos internacionales, quienes instaron al Gobierno colombiano a abandonar el régimen internacional de arbitraje de inversión.
Entre los firmantes se encuentran figuras reconocidas del pensamiento económico global como el premio Nobel Joseph Stiglitz y el economista francés Thomas Piketty.
Los expertos sostienen que este sistema permite que empresas extranjeras demanden a los Estados ante tribunales arbitrales internacionales, evitando en muchos casos la jurisdicción de los tribunales nacionales.
Para Petro, la carta refleja la apertura de un debate internacional sobre las reglas del arbitraje de inversión y la necesidad de replantear su funcionamiento.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento presidencial fue el impacto fiscal que podrían tener los litigios internacionales.
El mandatario advirtió que actualmente Colombia enfrenta procesos arbitrales que comprometen cerca de 52 billones de pesos, una cifra que podría tener efectos relevantes sobre las finanzas públicas si el país pierde esas disputas.
“En este momento hay en peligro 52 billones de pesos. El déficit primario en Colombia es de 63 billones; si se perdieran esos tribunales por contratos con multinacionales, el déficit prácticamente se duplicaría”, explicó.
El presidente planteó la necesidad de reformular el modelo de resolución de controversias entre Estados y empresas internacionales, con mecanismos que garanticen mayor equilibrio entre las partes.
En ese sentido, sugirió avanzar hacia instancias multilaterales o tribunales con mayores garantías jurídicas, que permitan resolver disputas contractuales sin que los países queden en desventaja frente a grandes corporaciones.
Además, el mandatario hizo referencia a problemas estructurales de la justicia colombiana, recordando casos de corrupción como el de Odebrecht.
