El Gobierno nacional presentó este martes un decreto de Emergencia Económica que crea un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas, con el objetivo de recaudar los recursos necesarios para atender los devastadores efectos de los recientes eventos climáticos que han golpeado principalmente la región Caribe colombiana.
La medida, anunciada durante el Consejo de Ministros celebrado en Cartagena bajo la dirección del presidente Gustavo Petro, establece una tarifa general del 0,5% para empresas cuyo patrimonio líquido supere los 200.000 UVT, equivalentes a cerca de 10.474 millones de pesos, y una tarifa diferenciada del 1,6% para los sectores financiero y minero-energético, los cuales aportarían el 56% del recaudo total proyectado.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el tributo se liquidará en dos cuotas iguales: la primera el próximo 1 de abril y la segunda el 4 de mayo. Los recursos, según precisó, estarán destinados fundamentalmente a intervenciones agrarias e infraestructura en las zonas afectadas.
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Una emergencia de grandes proporciones
La decisión responde a un panorama crítico. Según el balance presentado en el Consejo de Ministros, se han registrado 65 emergencias en 61 municipios de ocho departamentos, 53 de ellas causadas por inundaciones. Más de 69.000 familias han sido afectadas, diez personas perdieron la vida y se reportan daños severos en viviendas, vías, puentes, acueductos y equipamientos de salud y educación. El impacto sobre el sector productivo incluye cerca de 20.000 hectáreas afectadas y más de 4.100 viviendas destruidas, con un costo estimado de recuperación de 8 billones de pesos.
Ávila señaló que el esquema tributario fue diseñado teniendo en cuenta las restricciones jurídicas fijadas por la Corte Constitucional, y recordó que instrumentos similares ya han sido utilizados en el país frente a emergencias climáticas anteriores, como el fenómeno de La Niña en 2009. "El centro de la propuesta tiene que ver con el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, porque antes lo teníamos para personas naturales", afirmó el ministro.
El sector financiero, llamado a contribuir
El titular de Hacienda también hizo un llamado directo al sistema financiero para que asuma un rol activo en la superación de la crisis. Destacó que las utilidades del sector se duplicaron entre 2024 y 2025, lo que, a su juicio, genera una responsabilidad adicional frente a la emergencia nacional.
Como resultado de las conversaciones sostenidas con los representantes del sector, se acordó un paquete de alivios para los afectados que incluye un período de gracia de 12 meses sin causación de intereses, conservación de la calificación crediticia, suspensión de cobros jurídicos, incluso para cartera en mora, y atención prioritaria con acompañamiento en educación financiera.
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El Gobierno también solicitó la reducción de tasas en líneas de economía popular y el fortalecimiento del crédito asociativo, medidas que podrían formalizarse en decretos complementarios que, según anticipó el ministro Ávila, continuarán siendo elaborados para garantizar una respuesta integral a la emergencia.