Gobierno ajusta tarifas registrales al IPC y descarta alzas desproporcionadas
En línea con el compromiso de garantizar servicios públicos accesibles y justos, la Superintendencia de Notariado y Registro anunció la actualización de las tarifas registrales para este año, y aclaró que el ajuste corresponde exclusivamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.
La entidad desvirtuó versiones que hablaban de incrementos cercanos al 23 % y precisó que el aumento aplicado es del 5,1 %. Con esta decisión, el Gobierno nacional busca evitar impactos desproporcionados en trámites esenciales para la ciudadanía, como la expedición del Certificado de Tradición y Libertad.
La actualización, vigente desde el lunes 2 de febrero, se fundamenta en criterios de equidad y proporcionalidad. Para el cálculo se utilizó la Unidad de Valor Básico ($12.110) junto con el IPC (5,10 %), con el objetivo de mitigar el efecto de la inflación en los trámites asociados a la propiedad.
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Según explicó Alfonso García, superintendente delegado para el registro, la prioridad es garantizar que la seguridad jurídica sobre la tierra y la vivienda sea un derecho efectivo y no un costo inaccesible para los colombianos.
Valores de referencia para trámites registrales
Desde febrero, los ciudadanos encontrarán los siguientes valores para servicios físicos y digitales:
- Certificado de tradición y libertad electrónico: $23.000, como incentivo al ahorro y la digitalización.
- Certificado de tradición y libertad físico: $24.300.
- Certificado de no propiedad electrónico: $12.000.
- Actos sin cuantía: $29.500.
Beneficios para población vulnerable y zonas rurales
En coherencia con la política de dignificación de la vida y justicia agraria, la Supernotariado mantiene tarifas diferenciales que incluyen reducciones de hasta el 50 % y exenciones totales para:
- Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP).
- Procesos de Reforma Agraria y formalización de la propiedad rural.
- Actuaciones relacionadas con memoria histórica y reparación de víctimas del conflicto.
Con estas medidas, el Gobierno nacional avanza en la modernización del sistema registral y el fortalecimiento del catastro multipropósito, con el fin de ofrecer un servicio más eficiente y asegurar que el acceso a un título de propiedad sea ágil, seguro y a un precio justo.
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