Existe sistematicidad en homicidios de líderes y excombatientes: ONG
Una investigación realizada por ONG 's defensoras de Derechos Humanos, reveló que habría sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales en los últimos cinco años en el país. Destaca la investigación que el flagelo afecta en mayor medida a los municipios con más pobreza e incluso con más presencia militar.
La investigación que se adelantó en cuatro regiones del país, tomó el periodo de noviembre del 2016 a junio del 2020, y se evidenció que hubo 255 casos de homicidios en contra de líderes sociales y excombatientes de las extintas Farc, según explicó Luz Adriana Camargo, exmagistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y consultora de la investigación.
“Es un hecho que la violencia homicida ya se dirige contra un colectivo específico, que son los líderes y lideresas sociales, los defensores y defensoras de derechos humanos y dentro de ellos exintegrantes de las Farc - EP. Pero dentro de estos grupos además detectamos que hay cuatro liderazgos que concentran la mayor cantidad de violencia en nuestros 255 casos bajo análisis, que son los liderazgos comunales, indígenas, políticos y campesinos”, indicó Camargo.
Andrea Becerra, coordinadora de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas, señaló que la Fiscalía General en la investigación de estos casos no especifica los motivos de los homicidios, y que en muchas ocasiones los responsables son condenados por porte ilegal de armas y no por homicidio.
“La Unidad Nacional de Protección no está protegiendo, incluso a las personas que tienen esquemas de seguridad y sufren atentados, allí hay fallas en ese deber de protección del Estado. Pero tampoco a las personas que solicitan que se les otorgue un esquema de protección, y mientras se analiza si el riesgo era válido o no, resultan ser asesinadas”, agregó Becerra.
Según la investigación, en los 30 municipios dónde se adelantó este estudio, se obtuvo evidencia de que hay alta presencia de tropas militares y que el 90% de los casos documentados ocurrieron en zonas altamente afectadas por el conflicto armado, la pobreza, la falta de presencia estatal y la presencia de economías ilegales.
Esta investigación fue realizada por la Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, el Programa Somos Defensores, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y la Comisión Colombiana de Juristas, durante más de un año y medio, cruzando información de entidades oficiales y las propias ONG’s.