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Por desacatar orden judicial, fiscal Barbosa fue multado por Tribunal Superior de Bogotá

Barbosa no entregó un protocolo que garantizará la protesta pacífica en el país, el cual le había ordenado la Corte Suprema de Justicia.
Actualidad
Foto: Colprensa
María Camila Idrobo

El Tribunal Superior de Bogotá le impuso una multa de 10 salarios mínimos legales vigentes al fiscal General, Francisco Barbosa, por no cumplir las órdenes dadas por la Corte Suprema de Justicia sobre los protocolos para la protección al derecho a la protesta pacífica en el país en 2020.

Según el fallo, aunque se le había ordenado al jefe del ente acusador expedir un “protocolo que permita a los ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculada a las Naciones Unidas, realizar verificaciones en caso de capturas y traslado de personas durante el desarrollo de cualquier clase de mitin, reunión o acto de protestas", este no fue entregado, desacatando así una orden judicial.

“Sancionar al doctor Francisco Roberto Barbosa Delgado, Fiscal General de la Nación, por desacato a la orden de tutela STC7641-2020, emitida por la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela en referencia. En consecuencia, se impone multa de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, se lee en la decisión.

Asimismo, el Tribunal ordenó que, en 48 horas, es decir hasta el domingo 19 de diciembre, y de manera improrrogable, el fiscal General entregue este protocolo y advirtió que, sí nuevamente incumple con esta orden, Barbosa podría enfrentar nuevas sanciones.

Finalmente, la corporación resaltó que “las demás personas contra las que se abrió este incidente de desacato cumplieron a cabalidad las órdenes impartidas en la sentencia de tutela”.

En mayo de este año la Corte Suprema de Justicia ya le había hecho un llamado al Gobierno y a otras entidades para cumplir su sentencia, de hecho, a la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo les pidió en ese momento informar cómo tramitaron las solicitudes de víctimas relativas a los protocolos de detención en manifestaciones y capturas, así como los avances en las investigaciones penales y disciplinarias seguidas contra los miembros de la fuerza pública involucrados en delitos contra los manifestantes.

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