Fiscalía pedirá a Venezuela extradición de implicados en crimen de Yulixa Toloza
La Fiscalía General de la Nación informó este martes que solicitará formalmente a Venezuela la extradición de tres ciudadanos de ese país vinculados al secuestro y homicidio de Yulixa Consuelo Toloza, cuyo cuerpo fue localizado hoy en una zona boscosa ubicada entre los municipios de Apulo y Anapoima, en el departamento de Cundinamarca.
Toloza había sido reportada como desaparecida la semana pasada, luego de acudir al "centro estético" Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá, donde se sometió a un procedimiento de lipólisis láser. A partir de ese momento no se volvió a saber de ella.
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El ente investigador precisó que la solicitud se tramitará bajo el marco del Tratado Bolivariano de Extradición de 1911 y que los tres implicados, dos hombres y una mujer, ya fueron capturados por autoridades venezolanas en operativos realizados en las ciudades de Maracay y Portuguesa, luego de que Interpol emitiera una notificación azul en su contra.
María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento, propietarios y administradores del centro estético Beauty Láser, fueron los capturados.
Los detenidos, que permanecen bajo custodia a la espera de que se surta el proceso de extradición, serían los propietarios del establecimiento donde tuvo lugar la intervención estética, así como un tercer venezolano presuntamente vinculado al tratamiento que le habría causado la muerte a la víctima.
En paralelo, las autoridades colombianas ya habían logrado capturar en Cúcuta a otros dos venezolanos, luego de que agentes hallaran en un parqueadero de esa ciudad el automóvil en el que se presume fue trasladada Toloza.
El general Wharlinton Iván Gualdrón, director nacional del Servicio de Policía, indicó que estos dos individuos deberán responder ante la justicia por cargos de encubrimiento, favorecimiento y destrucción de evidencia, además de conductas relacionadas con desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro y lesiones personales.
El caso ha generado alarma sobre la proliferación de centros estéticos que operan al margen de los controles sanitarios y sin personal médico certificado, un fenómeno que las autoridades han advertido como un riesgo creciente para la salud pública en el país.