La Procuraduría General de la Nación anunció que la Gobernación de San Andrés se comprometió a devolver más de $3.970 millones de pesos, aprobados para un proyecto de compra y entrega de portátiles y tabletas que beneficiarían a 3.158 estudiantes de cinco colegios del archipiélago durante la pandemia del Covid-19.

Según el ente de control, un año después de terminada la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional por la pandemia, el proyecto no había sido ejecutado, pese a que otros proyectos que tenían el mismo objetivo sí se elaboraron, por lo que la Gobernación debía devolver tales recursos.

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Aunque el proyecto buscaba dotar con estas herramientas a los estudiantes para que pudieran adelantar sus clases de manera virtual desde sus casas, la Gobernación buscó cambiar el objeto del contrato, ante lo que el Ministerio Público le advirtió que no era posible pues ya no existían las necesidades de 2020.

“El proyecto de inversión se formuló y aprobó con el fin de proporcionar a las entidades territoriales mecanismos que les permitieran atender de manera urgente y rápida las necesidades generadas por la emergencia del Covid-19 la cual culminó el 30 de junio de 2022".

Agregan que "en consecuencia, si se pretendiera ejecutar el proyecto de inversión en actividades diferentes a la dotación de computadores y a la conectividad de las instituciones educativas seleccionadas, se estaría poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas para atender el alcance definido en la formulación del proyecto de inversión”, aseguró la Procuraduría.