JEP expulsa al general (r) Mauricio Santoyo por no aportar verdad plena sobre crímenes del conflicto
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió expulsar al general retirado Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, tras determinar que incumplió de manera grave su obligación de aportar verdad plena sobre crímenes cometidos durante su paso por el Gaula en Antioquia, entre 1997 y 2001.
La decisión implica que el exoficial pierde los beneficios jurídicos otorgados por el sistema de justicia transicional, al concluirse que no contribuyó de manera efectiva al esclarecimiento de hechos relevantes relacionados con el conflicto armado.
¿Qué incumplimientos encontró la JEP en el caso Santoyo?
De acuerdo con los magistrados, el compareciente no suministró información sustancial ni novedosa, pese a su posición de mando dentro de la fuerza pública en un periodo crítico de violencia en Medellín.
El tribunal concluyó que el excomandante tenía la responsabilidad de contribuir al esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos, pero sus declaraciones no permitieron avanzar en la reconstrucción de los hechos ni en la identificación de responsabilidades.
Además, Santoyo mantuvo su postura de negar cualquier vínculo o responsabilidad en los hechos investigados, sin aportar nuevos elementos que fortalecieran el proceso judicial.
Entre los hechos que la JEP buscaba esclarecer se encuentra la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), ocurrida en octubre de 2000 en Medellín.
Los magistrados señalaron que, por su rol institucional, el general retirado podría haber tenido conocimiento relevante sobre estos hechos, sin embargo, su aporte no fue suficiente para satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.
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En el marco del proceso, la JEP incorporó documentación presentada por la defensa que evidenciaría la participación del exoficial en espacios de contribución ante la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
No obstante, el tribunal solicitó verificar si dichos aportes fueron realmente efectivos en el esclarecimiento de casos de personas desaparecidas.
Asimismo, se ordenó la elaboración de un informe de contexto sobre la violencia sistemática contra defensores de derechos humanos, sindicalistas y líderes sociales en Medellín entre 1999 y 2001, con el fin de contrastar la información entregada por el compareciente.
Al perder su condición dentro de la jurisdicción especial, el general retirado deberá enfrentar su situación jurídica fuera del sistema restaurativo, mientras continúan las investigaciones sobre presuntos vínculos con estructuras paramilitares durante su permanencia en el Gaula de Medellín.