La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio.
La fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó que el menor de 15 años señalado como autor material ya fue aprehendido legalmente, será imputado este domingo a las tres de la tarde por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.
El menor podría enfrentar hasta 8 años de prisión bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Ley 1098 de 2006).
Según la fiscal, "ya hemos adelantado alrededor de 23 entrevistas con personas que hicieron parte de la concentración y también a los familiares del menor", e indicó que 251 investigadores de la Fiscalía, Policía Nacional, Inteligencia Militar y la Agencia Nacional de Inteligencia trabajan en el caso.
Además, se han analizado más de mil horas de videos y cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos del senador y del menor.
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El arma utilizada en el atentado, una pistola Glock calibre 9 milímetros, ingresó a Colombia el 6 de agosto de 2020. Fue comprada legalmente en Arizona, Estados Unidos.
El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, señaló que "estamos verificando cómo llegó a manos de los responsables", con el apoyo de cooperación internacional y del Ejército.
La Fiscalía también investiga si el arma ha sido utilizada en otros crímenes. Por ahora, se realizaron pruebas de balística y absorción atómica al menor aprehendido.
La fiscal aclaró que en el momento de la captura "no le fue recuperado un celular", desmintiendo versiones de redes sobre chats supuestamente obtenidos del dispositivo del menor.
También se desmintieron videos que circulan en redes donde aparece una mujer supuestamente dándole señas al menor. "Esos videos fueron recreados con inteligencia artificial. La señora ya fue entrevistada y es propietaria de una miscelánea", explicó la fiscal.
Se realizaron dos allanamientos en la vivienda del menor y de un familiar, y se otorgaron medidas de protección tanto para él como para sus familiares.
La fiscal hizo un llamado a los medios y a la ciudadanía a no difundir información personal del menor, ya que esto pone en riesgo su vida y la de su entorno.
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Respecto al principio de oportunidad, la fiscal indicó que en el sistema penal para adolescentes este no busca negociar penas, sino activar rutas de justicia restaurativa y restablecimiento de derechos.
Finalmente, la fiscal subrayó que no existe evidencia que el menor haya pertenecido a la denominada "primera línea", como circula en redes. Recordó que este término corresponde principalmente al contexto de las protestas del Paro Nacional de 2019 a 2021.
Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer la totalidad de la cadena de responsables. Los escoltas que acompañaban al senador también serán objeto de un proceso disciplinario.