Condenadas cuatro personas por desviar recursos de niñez para política en La Guajira
Un juez penal del circuito de Riohacha condenó a cuatro personas en La Guajira, a quienes declaró responsables del delito de peculado por apropiación en favor de tercero, ya que trasladaron el dinero que se iba a utilizar en un programa de salud para evitar la mortalidad infantil y de madres gestantes en esta zona del país a una campaña política.
Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, en 2011, la Alcaldía de Albania y el hospital San Rafael celebraron un contrato por 18.900 millones de pesos para desarrollar dicho programa de salud; sin embargo, el centro médico no tenía la capacidad para llevarlo a cabo, por lo que subcontrató a 10 profesionales de distintas áreas de la salud para dar la apariencia de desarrollar el proyecto.
Luego de la subcontratación, estas personas vincularon con contratos fachada a 1.459 ciudadanos para que realizaran las consultas, tratamientos y valoraciones, al igual que las visitas de campo a las comunidades afectadas por falta de alimento, agua y medicamentos.
En la investigación se constató que estas más de 1.000 personas fueron seleccionadas, ya que tenían inscrita la cédula para votar en Albania, eran seguidores de la candidata a la Gobernación del momento y aceptaron un pago menor al establecido en las órdenes de prestación de servicios.
Igualmente, se comprobó que la mayoría de las personas no cumplió ninguna actividad, pero sí cobraron sus honorarios a través de cheques, que luego cambiaron por efectivo para guardarlos en bolsas de la basura y entregarlos a la campaña de la entonces aspirante a la Gobernación de La Guajira.
Estos hechos fueron aceptados por Glenis Josefina Ojeda Rivadeneira, quien firmó seis contratos para el subprograma de lactancia por valor de 1.130 millones de pesos y dispuso de la contratación de 133 personas; y Emel Antonio Rodríguez Amaya, señalado de contratar 672 personas para el subprograma de salud mental por un valor superior a 1.230 millones de pesos.
Asimismo, por Mayerlis Soto Carrillo, involucrada en la celebración de seis contratos con el Hospital de Albania por 1.269 millones de pesos y quien, a su vez, subcontrató a 244 ciudadanos; y Yira Patricia Montaño Manjarrez, quien contrató 244 personas y cobró 1.203 millones de pesos.
Ojeda Rivadeneira fue condenada a cinco años y 10 meses de prisión, mientras que los demás recibieron penas de cuatro años de prisión.
