En audiencia ante la JEP, exmandos de las extintas Farc reconocieron responsabilidad en secuestro y asesinato de Consuelo Araujo Noguera
En una diligencia pública con participación de víctimas de varios secuestros ocurridos en el Caribe Colombiano y ante los Magistrados de la Justicia Especial para la Paz, JEP, el excomandante del Bloque Caribe de las antiguas Farc, Luis Cuadras Solórzano, reconoció el secuestro y posterior asesinato de la exministra de Cultura Consuelo Araujo Noguera, ocurrido en septiembre de 2001.
En la audiencia de reconocimiento, que se desarrolló en la Universidad Nacional sede La Paz, en el norte del Cesar, en el marco de la segunda diligencia judicial realizada por los antiguos cabecillas, entregaron testimonios y detalles de los secuestros y crímenes de lesa humanidad que ocurrieron bajo su mando en los departamentos de Sucre, Magdalena, La Guajira, Bolívar, Atlántico y el Cesar, siendo este último en donde más crímenes de lesa humanidad ocurrieron.
Ante víctimas, magistrados, defensores y la prensa, Solorzano se refirió así al asumir responsabilidad por el secuestro y asesinato de “La Cacica”, como era conocida Araujo Noguera. “Lo reconocemos como un delito de lesa humanidad no amnistiable y exactamente asumimos la responsabilidad y yo, como Luis Alejandro Cuadras, conocido como Leonardo Muñoz en el Frente 59, fui el actor intelectual del secuestro que derivó en el asesinato de la exministra de Cultura Consuelo Araújo Noguera”, dijo, mencionando además que se trató de un daño enorme “a la cultura, a una leyenda del folclor vallenato reconocida en el Cesar, en La Guajira y en Colombia”.
El secuestro y posterior asesinato de la exministra de Cultura Consuelo Araujo Noguera, ocurrido en septiembre de 2001 es abordado por la JEP dentro del caso 01, uno de los delitos considerados de lesa humanidad como lo afirma la magistrada Julieta Lemaitre.
De acuerdo a la investigación adelantada por la JEP y liderada, entre otros por la magistrada Julieta Lemaitre, en ese entonces el propósito del Estado Mayor de las exFarc era mantener cautivos a militares, policías, para forzar un intercambio con los guerrilleros presos.
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“En 1997 el Gobierno nacional se negó a liberar a los guerrilleros que estaban en las cárceles, entonces la guerrilla liberó los soldados y policías rasos y se quedaron con los oficiales, como esto no les funcionó en 1998 empezó una discusión interna en la cual se decidió que iban a privar de la libertad a personas de cualquier rama del poder público para presionar el intercambio por guerrilleros presos. Estas fueron órdenes que recibieron de los comandantes”, dijo la magistrada.
La JEP estableció además que el 24 de septiembre de 2001 el Frente 59 instaló un retén ilegal en la vía Valledupar–Patillal, a la altura de La Vega y Río Seco, con el objetivo de capturar al entonces gobernador del Cesar, Rafael Bolaños, pero terminaron interceptando el vehículo en el que se movilizaba la exministra junto a su esquema de seguridad y 30 personas más, varias de ellas fueron dejadas en libertad y otras, incluida Araujo Noguera, llevados a las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.
En el espacio, otras víctimas de secuestro como el ingeniero agrónomo Roberto Lacouture, dijo que lo que se quiere con estos espacios adelantados por la JEP es que no vuelvan a ocurrir estos delitos y que se les reconozca de verdad a las víctimas.
En la diligencia pública, en la que también se conocieron detalles del secuestro del exministro de Desarrollo Fernando Araujo, ocurrido en Cartagena mientras hacía ejercicios, la forma como él permaneció seis años secuestrado, hasta que en un descuido de sus captores escapó.
Los comparecientes
Según precisaron los magistrados de la JEP, los máximos responsables regionales imputados por los secuestros cometidos en esta región del país y que participaron de la audiencia son: Abelardo Caicedo, quien fue conocido como 'Solís Almeida'; Osmany Landero, quien fue conocido como 'Hernando González'; Gilberto de Jesús Giraldo, quien fue conocido como 'Aldemar Altamiranda'; Luis Cuadras, quien fue conocido como 'Leonardo Guerra' o 'Leonardo Muñoz'; y Uriel Oviedo, quien fue conocido como 'Manuel Ortiz' o 'Mañe'. De ellos, solo Uriel Oviedo había sido procesado por la justicia ordinaria por estos crímenes.
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La JEP les imputó el crimen de guerra de toma de rehenes y otros crímenes cometidos contra las personas cautivas como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, así como violencia sexual. También se les atribuye el crimen de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, y otros crímenes cometidos en medio de los secuestros como desaparición forzada, asesinato, otros actos inhumanos y desplazamiento forzado. Por su gravedad, estos crímenes no pueden recibir amnistía o perdón judicial.