Imputarán a 15 militares del Batallón La Popa por ejecuciones extrajudiciales en Cesar
Este jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputará por el Caso 03 (Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado) a 15 exmiembros del Batallón de Artillería No 2 La Popa, ubicado en Valledupar (Cesar).
Esta imputación estará dirigida al coronel en retiro Publio Hernán Mejía, a su sucesor, el también coronel (r) Juan Carlos Figueroa, y a otros 13 militares por 126 asesinatos y 120 desapariciones forzadas, atribuidas al de Artillería No 2 'La Popa' entre 2002 y 2005.
Según cifras de la JEP, la Primera División del Ejército, con sede en la costa norte del país, reportó entre los años 2002 y 2005 el mayor número de muertes cuestionadas a nivel nacional, según lo expuesto por la Fiscalía General y de acuerdo con dicha entidad, la mayor parte de esas muertes se concentraron en el norte del Cesar, jurisdicción del Batallón La Popa.
De acuerdo con esta misma fuente, el Cesar reporta el tercer lugar de incidencia en la victimización del país, con un 7,7% de los casos analizados por la Fiscalía en su informe, correspondiente a 173 bajas cuestionadas.
“Así, la Primera División registró el 15% de las bajas cuestionadas analizadas a nivel nacional y, dentro de esta, el Batallón de La Popa concentró la mayor cantidad de casos investigados (166), que representan el 51 % del total de la División, ocupando el puesto del batallón con mayor número de casos investigados en Ley 600 ante la Fiscalía”, reposa en un informe de la JEP.
Agregó la JEP que el Batallón de Artillería de La Popa, con jurisdicción en Agustín Codazzi, Bosconia, El Copey, La Paz, Manaure, Pueblo Bello, San Diego y Valledupar, municipios del norte del Cesar, fue una unidad representativa para comprender la evolución del fenómeno de las muertes presentadas irregularmente como bajas en combate.
“La representatividad del fenómeno, desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa, resulta relevante tanto por la magnitud de la victimización, la victimización étnica, así como por el número de comparecientes de esta unidad que se han sometido ante la JEP y el número de investigaciones adelantadas contra miembros de estas unidades, por lo que se considera relevante la priorización de esta unidad para su análisis en el marco del Caso 03”, expuso el tribunal de paz.
Esta es la segunda imputación que realiza la JEP en el microcaso 03, pues la primera se llevó a cabo el pasado 6 de julio, cuando la Sala de Reconocimiento de esa Institución, imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 personas, entre ellos un brigadier general, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos y un cabo. Además de a un tercero civil.
Esta imputación se realizó porque la JEP indicó que estos militares, presuntamente participaron en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo (Norte de Santander), y luego los presentaron como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008. Lo anterior, para aumentar las estadísticas oficiales de éxito militar:
Estas víctimas, de acuerdo con la JEP, fueron asesinadas en estado de indefensión por parte de los miembros de la Fuerza Pública, sin que mediara combate alguno.
Además, las víctimas que fueron señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales, fueron seleccionadas a partir de procesos irregulares de inteligencia según la JEP. También se pudo determinar que este patrón macro criminal tuvo dos modalidades sucesivas que se distinguen por el perfil de las víctimas.
La primera modalidad corresponde al asesinato de hombres jóvenes de entre 25 y 35 años, habitantes del área rural del Catatumbo, en su mayoría agricultores, comerciantes y transportadores informales. La segunda modalidad consiste en el asesinato de jóvenes, provenientes de otras regiones, engañados para ser trasladados al Catatumbo, explicó el tribunal.
Este jueves se conocerán más detalles de la imputación a los militares involucrados.
