Fiscalía pide cárcel para Carlos Ramón González por escándalo en la UNGRD: enfrenta hasta 72 años de prisión
La Fiscalía General de la Nación solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario para Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La fiscal delegada María Cristina Patiño presentó la solicitud ante el Tribunal Superior de Bogotá, argumentando que existen suficientes elementos probatorios para restringir su libertad, con el fin de proteger a la comunidad, garantizar la comparecencia al proceso y evitar la obstrucción de la justicia.
González enfrenta imputación por tres delitos:
Cohecho por dar u ofrecer (artículo 407 del Código Penal), con una pena de 4 a 9 años de prisión.
Peculado por apropiación agravado a favor de terceros (artículo 397), con una pena de 8 a 33,75 años de prisión.
Lavado de activos (artículo 323), con una pena de 10 a 30 años de prisión.
La suma máxima de las penas podría alcanzar entre 72 a 75 años de prisión, aunque en la práctica el juez definirá la pena final si hay condena, considerando la acumulación y los límites legales.
Según la acusación, Carlos Ramón González, en calidad de director del DAPRE, ideó un esquema de sobornos dirigido a los entonces presidentes del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, y de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas.
González habría ofrecido inicialmente contratos de Gestión del Riesgo por 60 mil millones de pesos para Name y 10 mil millones para Calle, a cambio de apoyo legislativo.
Posteriormente, debido a la premura de los congresistas, la oferta se transformó en dinero en efectivo: 3 mil millones de pesos para Name y mil millones para Calle.
Estos recursos fueron obtenidos ilícitamente mediante contratos direccionados en la entidad, cuyo proceso de contratación fue manipulado bajo las órdenes de González, según la Fiscalía.
Además, González habría participado como determinador en el lavado de estos recursos, utilizando como intermediaria a la entonces consejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, quien transportó el dinero en vehículos oficiales.
Fiscalmente, señalaron que el magistrado decidirá si acepta la solicitud de medida de aseguramiento, mientras el proceso continúa.
