El exjefe guerrillero Iván Luciano Márquez Marín Arango, conocido como alias 'Iván Márquez', fue condenado a 40 años de prisión por un juzgado de conocimiento de Turbo (Antioquia), tras ser hallado penalmente responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado.
La condena se relaciona con el asesinato del subteniente del Ejército Nacional, Wargner Harbey Tapias Torres, ocurrido durante su cautiverio en un campamento de las extintas Farc.
Los hechos por los que se emitió la sentencia ocurrieron el 28 de mayo de 1997, en la vereda El Limón, ubicada en la vía entre Turbo y San Pedro de Urabá, cuando integrantes del grupo armado ilegal instalaron un retén.
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Allí, hicieron descender a los pasajeros de varios vehículos, y al identificar al subteniente Tapias Torres, lo retuvieron y trasladaron a una zona selvática controlada por la guerrilla.
En ese campamento, también se encontraban secuestradas otras figuras públicas, entre ellas: el entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor de paz, Gilberto Echeverri, quienes fueron secuestrados en 2002 mientras lideraban una marcha por la paz.
Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el militar permaneció en cautiverio junto a otros rehenes durante varios años.
El 5 de mayo de 2003, en el marco de una operación de rescate ejecutada por las Fuerzas Militares, alias Iván Márquez, quien para entonces integraba el secretariado de las Farc y era uno de los máximos mandos de la organización, ordenó al cabecilla encargado del campamento ejecutar a los secuestrados para impedir su liberación. Entre las víctimas se encontraba el subteniente Tapias Torres.
La Fiscalía, a través de su Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, logró demostrar la responsabilidad de Márquez como determinador de los hechos, mediante pruebas testimoniales, periciales y técnicas.
“Quedó acreditado que el acusado tuvo comunicación directa con los autores materiales y dio la orden de ejecución en medio del operativo militar”, indicó el ente acusador.
Finalmente, la juez encargada del caso no solo impuso la pena de 40 años de prisión, sino que negó beneficios como la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria. “La gravedad de los delitos y la condición de persona protegida de la víctima impiden cualquier beneficio judicial”, señaló el fallo.