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Nuevos imputados en el escándalo de la Ruta del Sol

La Fiscalía imputó cargos contra un grupo de exfuncionarios de la ANI porque presuntamente favorecieron al concesionario Ruta del Sol II, el cual hacía parte de Odebrecht.
Nuevos imputados en el escándalo de la Ruta del Sol
Crédito: Colprensa
Colprensa

El escándalo de la Ruta de El Sol se volvió a mover. En esta ocasión siete exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, quienes en concepto de la Fiscalía aprobaron cinco adiciones al contrato de concesión 01 de 2010, dispuesto para construir un tramo vial de 528 kilómetros de la Ruta del Sol.

Los implicados, según la Fiscalía y quienes ya fueron presentados ante un juez, son Alexandra Lozano Vergara, gerente de Proyectos y Gestión Contractual; María Clara Garrido, vicepresidenta administrativa, y Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidenta de estructuración. Además de los asesores Harbey José Carrascal Quintero, Marcelo Enrique Cano del Castillo, Mónica Rocío Adarme Manosalva y Nora Patricia Acero Pérez.

El ente acusador señaló que la investigación evidenció que estas personas, según sus responsabilidades individuales, habrían proyectado, revisado, tramitado y aprobado cinco otrosíes al contrato 01 de 2010, los cuales generaron beneficios técnicos, jurídicos y financieros al concesionario del cual hacía parte la constructora Odebrecht.

Además los procesados son señalados de incurrir en maniobras ilícitas para beneficiar económicamente
al concesionario, mejorando su flujo de caja y permitiéndole recibir giros por anticipado, sin
terminar el proyecto, ni incurrir en créditos, entre otras irregularidades.


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El material probatorio da cuenta que la Fiscalía constató que dos de los otrosíes ampliaron plazos para la ejecución de algunos tramos de proyectos, con lo cual el concesionario evitó procesos sancionatorios y dejó de pagar multas superiores a 35.883 millones de pesos por incumplimientos.

También, dice la Fiscalía, se presume que se modificaron aspectos técnicos y formas de pago, permitiéndole al concesionario acceder a un anticipo de 17.823 millones de pesos al que no tenia derecho y obtener mayor flujo de caja. Esto habría causado una afectación financiera a la ANI por más de 2.227 millones de pesos.

La Fiscalía imputó a los presuntos responsables el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Cargo que no fue aceptado por ninguno de los procesados.

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