Fiscalía imputará cargos contra el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo

La Fiscalía General de la Nación imputará cargos al exalcalde de Santa Marta y actual gobernador de Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo; al exgobernador Luis Miguel Cotes y la exgobernadora Rosa Cotes de Zúñiga por presuntamente orientar “de manera ‘caprichosa’, por lo menos, cinco procesos de contratación que superaron en valor los 457.000 millones de pesos” en el departamento de Magdalena. 

Según el ente acusador entre 2013 y 2019 se identificaron diversas irregularidades administrativas, incumplimientos en la ejecución de obras civiles y de infraestructura, sobrecostos o desembolsos injustificados “que representaron un peculado de algo más de 74.779 millones de pesos, que corresponde a recursos públicos que se perdieron o quedaron en manos de terceros”.

Estás irregularidades se habrían dado en la ‘Vía de la Prosperidad’ donde Luis Miguel Cotes, en su condición de gobernador, suscribió un contrato para el mejoramiento de la vía por un valor superior a 432.010 millones de pesos, en medio de lo que serían incrementos patrimoniales sin sustento. Luego Rosa Cotes de Zúñiga celebró varias adiciones al contrato original entre septiembre de 2017 y octubre de 2019, que significaron más recursos para el constructor.

“Las actuaciones de los dos exmandatarios habrían generado al departamento millonarias pérdidas económicas que configurarían un peculado que asciende a más de 73.109 millones de pesos. Finalmente, está acreditado que la denominada ‘Vía de la Prosperidad’ pasó de ser un corredor de 52 kilómetros a un proyecto de apenas 18 kilómetros. Es decir, se ejecutó el 34% de lo planeado”, explicó el ente investigador.
Por lo anterior, los dos exmandatarios de Magdalena serán imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

También la Fiscalía evidenció contratos de contabilidad ‘amañados’ donde Rosa María Cotes de Zúñiga, en su condición de gobernadora de Magdalena, celebró tres contratos para la implementación de las normas internacionales de contabilidad, por un valor de 1.023 millones de pesos de manera directa y sin concurso de méritos. 

“También se constató que la empresa contratada se habría apartado del objeto definido y se limitó a realizar una consultoría, por lo que la exmandataria será imputada por contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, aclaró la Fiscalía.

Igualmente, en la investigación se encontraron obras con retrasos, inconclusas o inutilizadas en Santa Marta por lo que el actual gobernador, Carlos Eduardo Caicedo, deberá presentarse a audiencias de formulación de imputación de cargos y de imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia, por un presunto peculado que se acerca a los 1.670 millones de pesos.

Las irregularidades contra Caicedo tienen que ver con posibles falsedades documentales y varias inconsistencias en la construcción de una megabiblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino en Santa Marta.

En la investigación se determinó que el proyecto fijó un valor inicial de $10.044 millones de pesos, pero recibió adiciones por encima de los $5.000 millones de pesos. Asimismo, se estableció que el plazo previsto de cinco meses se amplió a tres años.

Otra de las irregularidades tiene que ver con el contrato para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento Bonda, en Santa Marta. El valor definido en su momento fue de 6.954 millones de pesos; sin embargo, las evidencias indican que se habría presentado un peculado de más de 979 millones de pesos, representado en sobrecostos.

“Adicionalmente, el contrato no ha sido liquidado y las obras, al parecer, fueron suspendidas en 2018. En las verificaciones se conoció que se reanudaron a finales de diciembre de 2022”, indicó la Fiscalía. 

Al gobernador se le cuestiona por presuntas inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato en 2015, por 2.682 millones de pesos, y cuyo objeto era la adecuación del Coliseo de Gaira. 

“En la investigación fue detectado un posible peculado de 690 millones de pesos, materializado en sobrecostos.

Asimismo, se constató que, trascurridos más de siete años, el escenario no ha sido entregado en condiciones adecuadas, se encontraría en deterioro e inutilización”, señaló el ente acusador. 

Por estos hechos, Caicedo Omar, será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público.

“La medida de aseguramiento es necesaria para conjurar el riesgo de reiteración de conductas similares, en el entendido de que el indiciado es gobernador actual y, por tanto, jefe administrativo y contractual, y principal ordenador del gasto público”, concluyó la Fiscalía.