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Foto: Archivo.

2019: 60 amenazas a líderes sociales se han registrado en Caldas

Por: Vanessa Sánchez y Andrea Cardona. Radio Nacional de Colombia Caldas.

Este año Caldas registra 60 denuncias por amenazas a líderes indígenas y sociales. Los municipios que más tienen casos son Riosucio, Belálcazar, Supía y Marmato. En Norcasia, Samaná, Marquetalia y La Dorada hay una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo que señala el riego para los líderes y otros delitos que pueden generar focos de inseguridad.

Una de las denuncias más recientes es el desplazamiento al que se vio forzado Jhon López, un habitante de Samaná que lideraba el retorno de 83 familias a la vereda El Congal, zona que estuvo deshabitada por quince años debido a  la presencia del frente 47 de las Farc.

Pese a las amenazas que recibió, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó un chaleco antibalas y un celular y le recomendaron medidas de autoprotección, decisiones que para John no fueron insuficientes y lo obligaron a desplazarse con sus padres, su esposa y sus dos hijas para la ciudad.

Inicialmente John vivía en El Congal y por amenazas se trasladó al corregimiento vecino de Florencia donde la estación de Policía no contaba con suficientes unidades para asignarle un uniformado. Desde octubre del año pasado abandonó su finca, un hecho que les ha generado un impacto económico y social que ha afectado el bienestar y la salud de su familia.                        

“Las amenazas fueron repetitivas. En una resolución autoridades como la Fiscalía reconocen la veracidad de las amenazas y aseguran que es un grupo paramilitar que se dedica a la minería ilegal. Las autoridades locales y gubernamentales se interesaron en mi caso y manifestaron su preocupación, pero por segunda vez la respuesta fue un chaleco antibalas y un celular, entonces debí dejar mi trabajo en pro de las víctimas y mi hogar”, cuento John.

Otro de los casos recientes son las amenazas a Antonio Vitonas Yatacué, un líder indígena y defensor de derechos humanos que reside en el municipio de Belalcázar (Caldas). Desde hace cuatro años llegó al departamento por las amenazas que recibió cuando era líder de la comunidad Nasa Páez en Toribío (Cauca). Los mensajes persisten por las acciones que adelanta en defensa de 12 familias de su comunidad de origen.

“El mensaje dice que ya me tienen ubicado, me amenazan a mí y a mis hijos. Yo he sido una de las personas que ha denunciado los hechos de violación a los derechos humanos en el Cauca. No todas las Farc se han desmovilizado y además se siguen fortaleciendo. Líderes indígenas obligan a los jóvenes a cultivar coca y a formar parte de la guerrilla”, asegura Antonio.

Vitona indicó que esta ha sido la tercera vez que recibe amenazas de muerte y por ello como medida de autoprotección se traslada por diferentes departamentos del país junto con su esposa y sus cinco hijos. Hasta el momento no ha recibido ayuda del Estado porque le piden reconocerse miembro de una comunidad indígena.

¿Qué dicen las autoridades?

En Caldas se realizó un consejo de seguridad en el oriente para atender la alerta temprana 021 del 2019 que emitió la Defensoría del Pueblo y que indica que en cuatro municipios de esta subregión hay factores de riesgo para los líderes sociales, además de cultivos ilícitos, minería ilegal, falta de institucionalidad y la presencia de grupos armados ilegales.

Los puntos que señala la alerta temprana fueron rechazados por las autoridades de Caldas en cabeza del secretario de Gobierno, Carlos Alberto Piedrahita. El funcionario aseguró que hay un riesgo para los líderes sociales, pero por la cercanía con municipios de Antioquía como Sonsón y Nariño donde si persisten los factores de riesgo que menciona la alerta. Confirmó que municipios vecinos están utilizando la frontera del río Samaná para minería ilegal.

“Debemos evitar que las situaciones de Antioquia se trasladen para Caldas. En la región se aumentarán los operativos para combatir el microtráfico y la minería ilegal. Se espera tener una reunión conjunta entre la Gobernación de Caldas y la de Antioquia, con presencia de los comandantes de cada región. Además, construir una base militar en Samaná y una Unidad Básica de Carabineros con tierras baldías de la Agencia Nacional de Tierras en siete hectáreas para tener mayor pie de fuerza y la última medida garantizar mayor presencia del Ejército”, dijo el secretario de Gobierno.

La defensora del Pueblo, Yazmín Gómez Agudelo, explicó que las denuncias de líderes sociales se están manejando desde las alertas tempranas que hay registradas en la página web de la entidad y que la información se está generando desde el orden nacional.

Otros casos en el Eje Cafetero

Los casos de líderes amenazados no solo se viven en Caldas. En el Quindío se han registrado este año 900 amenazas contra indígenas y líderes sociales y docentes con panfletos que llevan el nombre de grupos al margen de la ley cuya presencia en el territorio no se ha comprobado.

“Los entes que se encargan de hacer las investigaciones deberían dar a conocer un parte final de las conclusiones para saber si de verdad hay presencia de las Defensas Gaitanistas, las Águilas Negras y el Eln. No tenemos ningún tipo de situación que nos ponga en evidencia con esos grupos. No sabemos por dónde le podemos tocar el cayo a estas personas”, explicó el vocero de la Mesa Principal de Víctimas del Quindío, Maicol Martínez.

De acuerdo con información de la Policía del Quindío se han activado 17 rutas de atención para el acompañamiento a los líderes sociales. Según el comandante operativo de policía, Luis Hernando Benavides Guacha, el año pasado se activaron 52 casos. “Tenemos más de 900 líderes sociales que llegaron a la Fiscalía y registraron sus denuncias. Otros casos se investigan con la recolección de documentos y hechos puntuales”.

En el departamento Risaralda se ha confirmado que 75 líderes están amenazados,19 de ellos representan a resguardos indígenas. Solo del Resguardo Chamí, de Pueblo Rico, hay 7 líderes amenazados, dos de ellos son hermanos y profesores.