Este lunes, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, presentó la actualización de la Política Nacional del Agua, que reemplaza y moderniza las disposiciones formuladas hace 16 años mediante la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. El nuevo documento busca responder a los desafíos ambientales actuales desde los principios de justicia ambiental y gobernanza.
Según el Ministerio de Ambiente, la nueva política propone un cambio de enfoque: pasar de una gestión centrada exclusivamente en el recurso hídrico a una visión integral que reconoce el agua como un bien común y como un eje del ordenamiento del territorio.
“Esta hoja de ruta nos permite cuidar nuestro patrimonio hídrico con una visión de largo plazo, justicia hídrica, justicia ambiental y corresponsabilidad entre el Estado, las comunidades y todos los sectores de la sociedad”, afirmó la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres.
Cuatro pilares para transformar la gestión del agua
La nueva política establece cuatro pilares para transformar la gestión del agua:
- Gobernanza y conocimiento para la justicia ambiental hídrica y el ordenamiento del territorio alrededor del agua: busca fortalecer el conocimiento y la toma de decisiones sobre el recurso hídrico, así como su incorporación en el ordenamiento territorial.
- Agua para la vida: está orientado a conservar y restaurar los ecosistemas que sostienen el ciclo del agua.
- Agua para la gente: busca garantizar el derecho al agua de las personas y los territorios.
- Agua para la adaptación, la transición y la gestión del riesgo: busca fortalecer la capacidad del país para enfrentar el cambio climático y los riesgos asociados al agua.
Una política construida con las comunidades y con horizonte a 2050
Para la elaboración de esta política se tuvieron en cuenta los aportes de 1.131 personas, que participaron en más de 40 espacios de encuentro, según informó el Ministerio de Ambiente. En este proceso participaron autoridades ambientales, institutos de investigación, representantes del sector privado, pueblos indígenas, comunidades étnicas y campesinas, así como diferentes grupos y colectivos.
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Luego de estos encuentros de diagnóstico y formulación, el Ministerio respondió 1.308 observaciones, que fueron incorporadas y consideradas en la construcción del documento final.
Con este proceso participativo, Colombia cuenta con una hoja de ruta para la gestión del agua hasta 2050, que busca articular las acciones del Estado con las de la ciudadanía para proteger y garantizar este recurso fundamental para la vida, la biodiversidad y el desarrollo sostenible del país.