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Tráfico de fauna silvestre: así está el problema en Colombia

Este es el cuarto delito que más dinero mueve a nivel mundial, después del narcotráfico, el comercio ilegal de armas y la trata de blancas.

Por: Ángel Batista

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el tráfico de fauna silvestre es el cuarto delito que más dinero mueve a nivel mundial. Se encuentra ubicado sólo después del narcotráfico, el comercio ilegal de armas y la trata de personas con fines de explotación sexual. En cifras, la ONU estima que este negocio alcanza a mover cerca de 23 billones de dólares al año.

No es de extrañar que en un país como Colombia, con su ubicación estratégica entre el océano Pacífico y el mar Caribe, la presencia de diversos pisos climáticos y las subsecuentes riquezas en fauna y flora que estas conllevan, se trate de un crimen que está afectando cada vez más a la biodiversidad.

La tortuga hicotea, la morrocoy, la iguana, la lora común, la cotorra cheja, el periquito bronceado, la ardilla, el tití gris, el mico maizero y las diversas especies de ranas venenosas encabezan el listado de fauna que es traficada ilegalmente en Colombia. Estas especies son demandadas en el mercado por su carne, su piel o porque son usadas como mascotas en ambientes muy distintos a su hábitat natural.

Según los datos de animales incautados publicados conjuntamente por la Policía Nacional y el Ministerio de Ambiente, se trata de un delito que se presenta más comúnmente en el Urabá, la costa Caribe, la Amazonía y el Pacífico colombiano; sin embargo, para algunos activistas se trata de un delito que se encuentra en una zona gris.

Natalia Muñoz, asesora en tráfico de fauna silvestre para la organización sin ánimo de lucro Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) en Colombia, aseguró que hay pocos análisis y estudios que aborden el fenómeno en su integridad.

“El tráfico de fauna no parece estar dentro de las prioridades de la agenda pública nacional y aún es considerado un delito menor. Esto conlleva a que aún exista muy poca claridad sobre quiénes son los que dinamizan este fenómeno, cuáles son las redes criminales que están detrás de la extracción de nuestras especies y quienes promueven este negocio lucrativo en el país”, explicó Muñoz.

Colombia es un país megadiverso por lo que tiene una gran cantidad de especies endémicas que son muy apetecidas en los mercados internacionales, lo que sumado a que muchas de las comunidades que tienen contacto directo con estos animales no tienen fuentes de ingresos estables, y eso las hace más vulnerables ante las redes criminales que mueven el tráfico de fauna silvestre.

“Colombia es un país proclive a fenómenos de corrupción. Las redes que dominan el tráfico de fauna han podido identificar con claridad esta debilidad institucional y se están aprovechando de ella”, manifestó Muñoz.

Legalmente, el Código Penal establece penas de entre 32 y 90 meses de cárcel, así como multas de hasta 15 mil salarios mínimos a quienes incurran en el delito de tráfico ilegal de animales silvestres.

No obstante, cabe aclarar que ante esta situación los ciudadanos también tienen poder para frenar el tráfico de fauna en la medida en que su principal dinamizador es la demanda. Así, en la medida en la que como ciudadanos se disminuya el consumo de productos derivados de este tipo de fauna, se puede ayudar a prevenir y disminuir los estímulos que mueven este flagelo.

La otra alternativa con la que cuentan los ciudadanos es hacer este problema visible y dar a conocer las especies que son traficadas ilegalmente en cada región. Al contar con mayor visibilidad social se podría concientizar a las personas acerca de esta problemática que afecta una de nuestras riquezas naturales y tal vez mover este fenómeno en la escala de prioridades de la agenda pública.

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