Judicializan tres militares retirados por obtener su pensión con engaños
La Fiscalía General de la Nación detectó que algunos militares en retiro habrían acudido a una red que, al parecer, elaboraba historias clínicas, exámenes médicos y otros documentos falsos, que certificaban disminución física y eran usados para tramitar las pensiones de jubilación.
Por estos hechos, fueron presentados ante un juez de control de garantías el mayor (r) Óscar Fabián Silva Huérfano, el teniente (r) Andrés Felipe Pérez Ceballos y el sargento (r) Danilo José Cervera Herrera, a quienes se les imputó los delitos de estafa agravada, fraude procesal, falsedad material en documento público, y falsedad ideológica en documento privado. Cargos que no fueron aceptados.
En el caso del sargento (r) Danilo José Cervera Herrera, recibió la pensión de jubilación vitalicia con una renta mensual de $1’350.000. Al parecer, le pagó $18’000.000 a la red para que le expidiera exámenes de ortopedia, fonoaudiología y psiquiatría, que acreditaban una disminución de 72% en la condición física. Con estos documentos falsos obtuvo el retiro, una indemnización de $99’000.000 y una renta de $85’000.000 a mayo de 2020.
Mientras que el mayor (r) Óscar Fabián Silva Huérfano, en julio de 2015, una junta médica determinó que no era apto para el servicio por tener una disminución de su capacidad laboral de 70,53%. Así, recibió $186’000.000 por prestaciones sociales y $196’000.000 por concepto de jubilación, sin embargo, estos dineros los habría obtenido con diagnósticos falsos de ortopedia, neuropsicología y electromiografía.
Finalmente, al teniente (r) Andrés Felipe Pérez Ceballos, le fue acreditada una disminución física de 66,05% debido a exámenes falsos de ortopedia, audiometría, tonal seriada y urología. Logrando una mesada vitalicia a los 32 años, con una indemnización de $61’000.000 y una pensión, a mayo del año pasado, por $151’000.000.
Por estos hechos y cerca de 27 casos más, la Fiscalía ha judicializado a un capitán en retiro, una exfuncionaria del Ministerio de Defensa, tramitadores, financiadores y un médico que generaron al Estado un detrimento superior a 3.100 millones de pesos.
