Los indígenas arhuacos habían abierto un carril de la vía que comunica a Valledupar con los corregimientos y el sur de La Guajira tras varias horas de bloqueo y luego de mantener un diálogo con la viceministra del Interior en busca de respuestas a su petición de certificar al cabildo gobernador escogido hace 7 meses.
Mientras se reanudaban las conversaciones, ocurrió el deceso por ahogamiento del joven Uriel Torres Izquierdo, de 15 años, miembro de la comunidad de Zikuta.
Los líderes de la comunidad determinaron entonces retirarse del puente Hurtado abriendo totalmente la vía para realizar el ritual funerario llamado Eysa en la Casa Indígena.
La lideresa Seinerys Torres dijo que “la ceremonia es una armonización colectiva, ya que cuando en el marco de una actividad ocurre una situación así, toda la comunidad arhuaca se impregna de ese espíritu de la muerte y por lo tanto es cultural que se tenga que realizar este ritual. Por eso nos estamos trasladando”.
El comandante de la Policía Cesar, coronel Luis León, afirmó que “estamos haciendo acompañamiento a la comunidad indígena que lamentablemente sufre una calamidad. Destacamos que se ha logrado un avance importante en las conversaciones entre las autoridades arhuacas y el Gobierno nacional, estamos abriendo la vía y regulando el tránsito”.
Por su parte el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar seccional Cesar, Gabriel Castilla, manifestó “nuestro sentimiento de solidaridad para la familia del menor fallecido, también el acompañamiento y articulación con todas las instituciones para dar garantías y protección a los menores ante los riesgos de salubridad”.
Los arhuacos permanecían en el puente Hurtado desde la madrugada del pasado miércoles, exigiendo la presencia del presidente Gustavo Petro o del ministro del Interior Alfonso Prada para resolver el reconocimiento y la posesión de su cabildo gobernador Sarwawiko Tórres, argumentado que fue escogido hace 7 meses por los mamos de las 4 kankurwas mayores junto a 8 mil miembros del pueblo arhuaco, pero que el Ministerio del Interior se rehúsa a reconocerlo.