Nicaragua llama a consultas a embajadores en Colombia, Argentina, México y Costa Rica
Nicaragua llamó este lunes a consultas a sus embajadores en Argentina, México, Colombia y Costa Rica, cuyos gobiernos criticaron la ola de detenciones a opositores y rivales del presidente Daniel Ortega de cara a las elecciones del 7 de noviembre.
"El gobierno ha llamado a consultas a embajadores ante Argentina, Orlando Gómez; Colombia, Yara Pérez; México, Juan Carlos Gutiérrez, y Costa Rica, Duilio Hernández, en reciprocidad (...) a llamados similares de los gobiernos mencionados", expone una misiva leída por la vicepresidenta de Nicaragua y primera dama, Rosario Murillo.
Argentina y México retiraron a mediados de junio a sus embajadores de Managua, Costa Rica congeló el nombramiento de su representante y Colombia hizo lo propio el mes pasado en medio de una ola de arrestos a opositores de Ortega, entre ellos siete aspirantes a la presidencia.
Murillo criticó "los constantes e inmerecidos señalamientos, irrespetuosos, injerencistas, intromisores e intervencionistas en nuestros asuntos internos, de parte de las máximas autoridades de cada uno de estos países" en temas que conciernen al pueblo y al gobierno de Nicaragua.
Nicaragua expresó su rechazo "categórico" a lo que calificó de "imitación caricaturesca" de quienes "se han arrogado funciones que nadie les ha otorgado".
Al menos 31 líderes opositores han sido detenidos desde junio, en su mayoría por "traición" a la patria, bajo leyes aprobadas por el Congreso dominado por el oficialismo.
Ortega, un exguerrillero de 75 años, gobierna desde 2007 tras dos reelecciones sucesivas. Para ello debió modificar las leyes que le impedían perpetuarse en el puesto.
A la cabeza del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), el presidente aspira a asentarse en el poder por cinco años más junto con Murillo, de 70 años, quien lo acompaña en la vicepresidencia desde 2017.
La Unión Europea (UE) ha sancionado con restricciones migratorias y financieras a Murillo, a su hijo Juan Carlos y a otros seis funcionarios del gobierno por su responsabilidad en las "graves violaciones de los derechos humanos" en Nicaragua.
La medida se suma a otras tomadas por Estados Unidos y Canadá contra funcionarios del gobierno de Ortega, en protesta por la represión que mantiene contra sus opositores desde el estallido de las manifestaciones antigubernamentales de 2018.
Ganar sin competencia
Una de las últimas medidas del sandinismo fue la inhabilitación del principal bloque de oposición, liderado por el partido Ciudadanos por la Libertad (CXL derecha), que sí había conseguido inscribir candidato para enfrentar a Ortega.
Esta acción provocó nuevas reacciones y condenas internacionales en torno a la credibilidad de los comicios.
El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, en un comunicado consideró que "Ortega quiere ganar las elecciones sin competencia".
"La decisión, implementada por el Consejo Supremo Electoral el 6 de agosto, de despojar de personalidad jurídica al último partido político de la oposición que quedaba antes de las elecciones generales de noviembre, destroza las perspectivas de un proceso electoral legítimo y creíble", señaló Borrell.
La UE considera que "la oposición ha sido eliminada" y que se está privando a los nicaragüenses del derecho al voto "en unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes", apuntó el funcionario.
En tanto, España lamentó la inhibición a CXL y urgió a Managua a dotarse de una autoridad electoral independiente, imparcial y no controlada por el partido de gobierno tras considerar que "solo un proceso electoral creíble" puede ofrecer una salida a la crisis social, política y económica que vive Nicaragua.
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el sábado que las elecciones de noviembre en Nicaragua han "perdido toda credibilidad" debido a las maniobras "autocráticas" de Ortega.
Oposición intenta reagruparse
Tras la inhibición del CxL, el bloque de oposición denominado Coalición Nacional, integrado por partidos y organizaciones de la sociedad civil, intentaba este lunes reagruparse para "sentar una posición clara" ante la comunidad internacional y "desconocer el proceso electoral".
Sin embargo, no pueden competir porque no están reconocidos legalmente, lo que les impidió presentar candidatos.
Aunque aceptan que las elecciones son la vía para resolver la crisis en el país, "no respaldamos ni promovemos la participación ciudadana en la farsa electoral que solo dará como resultado la perpetuación de Ortega y Murillo en el poder", dijeron en un comunicado leído en una conferencia virtual.
El dirigente de la Coalición, Luis Fley, en el exilio, planteó que es momento de deponer posiciones personales y llamó a la unidad a los partidos que no pertenecen a ese bloque para "poner a Nicaragua primero y pensar que en este país no va haber vida para nadie si Ortega se posiciona en el poder" el 7 de noviembre.
