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Presidente electo de Guatemala denunció intento de "golpe" en su contra

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció este viernes la existencia de un supuesto plan de "golpe de Estado" para impedir que asuma el poder en enero de 2024.
¿Qué está pasando el Guatemala? Presidente electo denunció "golpe de Estado"
AFP
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El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció este viernes la existencia de un supuesto plan de "golpe de Estado" para impedir que asuma el poder en enero de 2024, tras convertirse en mandatario el pasado 20 de agosto.

"Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y ha puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia", dijo Arévalo cuatro días después de que la justicia inhabilitara su partido, Semilla.

"Estamos viendo un golpe de Estado en curso", agregó en rueda de prensa Arévalo, quien ganó el balotaje con el 58% de los votos con la promesa de una lucha frontal contra la corrupción.

Su amplio triunfo es atribuido a que generó esperanzas de cambio en un país que registra altos índices de pobreza, violencia y corrupción, que inducen cada año a miles de guatemaltecos a emigrar.

"Estamos viendo un golpe de Estado en curso, en el que el aparato de justicia es usado para violar la justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas el 20 de agosto", continuó Arévalo.

"Estas acciones constituyen un golpe de Estado que es promovido desde las instituciones que deberían de garantizar la justicia en nuestro país, encabezada por la fiscal general, consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, así como la junta directiva del Congreso y otros actores corruptos y antidemocráticos", añadió.

Hace más de una semana, las autoridades reforzaron la seguridad del presidente electo ante informes de un posible atentado en su contra, a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 


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"Debilitan la autoridad"

Al ser inhabilitado, Semilla, partido político del presidente electo, no puede realizar ninguna actividad, como emitir declaraciones, recaudar dinero o sumar afiliados.

Además, sus 23 nuevos diputados tendrán facultades reducidas, pues no podrán conformar una bancada, presidir comisiones, participar en la preparación de la agenda del Congreso ni tener asesores pagados.

"Están debilitando y negando los recursos, la autoridad y la legitimidad que legalmente nos ha conferido el pueblo de Guatemala", dijo Arévalo.

"Alertamos al pueblo de Guatemala que todavía faltan cuatro meses para la toma de posesión, cuatro meses durante los cuales estas mafias políticas intentarán consumar el golpe de Estado", añadió.

Sociólogo y diputado de 64 años, Arévalo debe asumir el 14 de enero de 2024 en sustitución de Alejandro Giammattei.

Es hijo del presidente Juan José Arévalo (1945-1951), uno de los líderes de la "primavera" democrática de Guatemala.

Reunión de OEA en Washington

En Washington, el jefe de la Misión Electoral de la OEA en Guatemala, Eladio Loizaga, también advirtió este viernes sobre un posible "rompimiento del orden constitucional en Guatemala" por las acciones contra el partido de Arévalo.

"Las implicaciones de estas decisiones [de la justicia guatemalteca] aún no son claras, aunque diversos actores han insinuado que la intención es precisamente impedir la adjudicación de cargos a las autoridades electorales", afirmó Loizaga.

Esto "en definitiva sería un rompimiento del orden constitucional y un quebranto de la voluntad ciudadana expresada contundentemente en las urnas" en el balotaje, agregó el excanciller paraguayo.

Loizaga habló en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Guatemala tras las órdenes judiciales, solicitadas por la Fiscalía, contra el Tribunal Supremo Electoral y Semilla, que quedó inhabilitado el 28 de agosto.

A la cita acudió el canciller guatemalteco, Mario Búcaro, quien afirmó que Giammattei hizo posible que los comicios se realizaran de forma pacífica y que está decidido a entregar el mando en enero.

"La Misión considera que el abuso de los instrumentos legales y uso de artilugios sigue provocando un alto grado de incertidumbre en el proceso y pone en riesgo la estabilidad democrática del país, situación por lo demás preocupante", insistió Loizaga.

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