Tras cinco años de los acuerdos, el balance es agridulce: Partido Comunes
En un foro organizado por el Partido Comunes, los integrantes del movimiento aseguraron que el Gobierno Nacional no ha cumplido con reformas como la rural y la política. Además, aseguraron que la seguridad se ha deteriorado en los territorios azotados por el conflicto armado.
Para Luis Alberto Albán, conocido como 'Marcos Calarcá', representante a la Cámara por el Partido Comunes, el avance de lo acordado en La Habana, no llega al 50%.
Por esto, indica que el desafío es “seguir exigiendo que se implemente de manera integral el acuerdo. El reto es lograr que el próximo gobierno se comprometa con la paz, a avanzar con la implementación, se comprometa en temas clave como la reforma rural integral que permitiría generar condiciones económicas para buscar el buen vivir de la gente. Como la reforma política que permita ampliar la democracia, permitir que el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición termine de pasar la página”.
Mientras tanto, el senador Carlos Antonio Lozada aseguró que no se ha avanzado en puntos como la reforma rural integral y hay un retroceso en la seguridad de los territorios.
“Se pactaron 7 millones de hectáreas que deberían ser tituladas a los campesinos, en eso no se ha avanzado. Otras tres millones que deberían entregársele a los campesinos que no tuviesen tierras, tampoco se ha realizado. El Gobierno no radicó ningún proyecto de reforma política que es un compromiso del acuerdo. No se les ha cumplido a las 97 mil familias que firmaron el acuerdo de sustitución de cultivos. En materia de garantías de seguridad, lo que ha habido es un deterioro de la seguridad en los territorios, expresado no solo en el asesinato de firmantes de la paz sino también de líderes sociales. Ya van 1.600”, aseguró Lozada.
Sin embargo, Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno en los acuerdos, afirmó que los acuerdos de paz han sido útiles para salvar vidas, pues “ha servido por el número de víctimas que se han evitado. Esto ha sido un esfuerzo muy duro, yo estoy feliz, de lo que se hizo no me arrepiento ni un solo segundo”.
También se refirió a las penas que podrían enfrentar quienes son juzgados por la JEP.
“La Jurisdicción Especial de Paz viene funcionando, funcionando bien, mucho mejor que la justicia ordinaria y el fiscal de la Corte Penal Internacional acaba de decir que la Jurisdicción está caminando y el propio Gobierno la ha tenido que apoyar. Esto lo digo porque estamos cerca de la toma de decisiones a través de las sentencias respectivas para aplicar las sanciones restrictivas de la libertad a los que resulten culpables”, añadió De la Calle.
En el foro también estuvo presente Carlos Ruiz Massieu, representante especial del Secretario General de la Misión de Verificación de la ONU, quien se refirió a la preocupación sobre la seguridad “de los excombatientes, de los y las lideresas sociales, defensores de derechos humanos y en general de las comunidades en estas zonas históricamente afectadas por el conflicto.
“Esperamos que se tomen medidas para mejorar la situación y áreas del acuerdo, que es muy ambicioso en cuanto a que, además de la desmovilización, la dejación de armas y la reincorporación, tiene elementos muy profundos y que necesitan un empuje adicional, me refiero a la reforma rural y la reforma política”.
Por último, para Henry Acosta, facilitador en la implementación del acuerdo final, la implementación de los acuerdos no tiene mayores avances. La reincorporación de 13.214 excombatientes que fueron certificados por el Alto Comisionado de la Paz de la época, Sergio Jaramillo, no fue posible; de esos 7.000 ya están en armas, 3.000 en la segunda marquetalia, 3.000 con mordisco y gentil y otros 1.000 más o menos con las bandolas: la de Jaime Martínez, Carlos Patiño y Dagoberto Ramos”.
Sin embargo, precisó que el Gobierno Nacional también ha incumplido con temas como la reforma política, proyectos productivos y hubo demoras en la implementación de las 16 curules de paz en el Congreso.
