Mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada: un año de reconocer y proteger su labor en Colombia
El 18 de junio de 2024 marcó un hito histórico para Colombia y la región con el Sistema Nacional de Búsqueda.
Tras varios debates en el Congreso fue aprobada la Ley 2364 de 2024, que reconoce y protege de forma integral la labor y los derechos de las mujeres buscadoras de personas víctimas de desaparición forzada.
La Ley 2364 representa un antes y un después para las madres, hijas, hermanas, tías, esposas y abuelas que han dedicado su vida a buscar a sus familiares, dar con su paradero, exigir sus derechos como víctimas y adelantar procesos de memoria sobre lo ocurrido.
Cabe mencionar que, este Sistema Nacional de Búsqueda tiene como objetivo también la erradicación de personas desaparecidas y con ello lograr un trabajo interseccional, además de eliminar las barreras en la búsqueda de personas en el país.
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Desde que se dio vida al Sistema Nacional de Búsqueda hubo diferentes encuentros para la creación conjunta y participativa de la política pública para tener características de todos los sectores de la sociedad en la búsqueda de personas desaparecidas.
Entre el 18 de septiembre y el 24 de noviembre de 2024, el Sistema Nacional de Búsqueda, en cabeza del Ministerio de Justicia y del Derecho y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), llevó a cabo 24 espacios de trabajo presenciales con el objetivo de recabar insumos para la construcción participativa de la primera política pública integral de atención, prevención, búsqueda e identificación, reencuentro o entrega digna de las personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del marco del conflicto armado, incluyendo desaparición forzada.
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Estos encuentros, se llevaron a cabo en Neiva, Bogotá (3 espacios), Villavicencio, Pereira, Puerto Asís, Santa Marta, San José del Guaviare, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Medellín, Apartadó, Popayán, Florencia, Cali, Tumaco, Barrancabermeja, Pasto, Yopal, Quibdó y Buenaventura, contaron con la participación y el aporte de más de 1.104 personas entre buscadoras, familiares y organizaciones acompañantes.
Durante estas jornadas, se prestó atención especial a las necesidades de las mujeres buscadoras, que representan el 90% de las personas buscadoras del país, así como de las personas buscadoras con pertenencia étnica, campesina, LGBTIQ+, de zonas rurales y con otras características que serán tenidas en cuenta durante la construcción de la política pública.
Cabe mencionar que esta política pública deberá ser presentada, por lo que allí se puede tener una línea de acción mucho más clara y con aras de garantías para aquellos que buscan a sus familiares o personas desaparecidas en el país.
