El Congreso de la República de Colombia aprobó este 11 de junio de 2025, en último debate, el proyecto de ley que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un instrumento internacional que busca prevenir y erradicar la violencia y el acoso en el ámbito laboral, incluyendo aquellos con base en género.
La plenaria de la Cámara de Representantes votó por unanimidad a favor de esta iniciativa, consolidando un paso clave en la protección de los derechos de trabajadores y trabajadoras del país.
Este convenio fue adoptado por la OIT en 2019 y Colombia se suma así a más de 30 países que ya han formalizado su ratificación.
El objetivo principal del instrumento es garantizar entornos laborales libres de violencia física, psicológica, sexual y económica, mediante un marco normativo que exige políticas de prevención, sanción y reparación en casos de violencia o acoso en el trabajo.
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En términos generales, el Convenio 190 reconoce que la violencia y el acoso pueden constituir una violación a los derechos humanos, afectar la salud física y mental, y poner en riesgo el acceso igualitario al trabajo decente.
También contempla una perspectiva de género que reconoce la vulnerabilidad de las mujeres y diversidades sexuales frente a distintas formas de violencia, incluyendo el acoso sexual y la discriminación.
Con la aprobación legislativa, el siguiente paso es la sanción presidencial, donde el presidente de la República deberá firmar el proyecto como ley de la República.
Posteriormente, Colombia deberá depositar el instrumento de ratificación ante la OIT en Ginebra, para su entrada en vigor oficial dentro del ordenamiento jurídico nacional.
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Según el Ministerio del Trabajo, en Colombia más del 30 % de mujeres han sufrido algún tipo de acoso laboral o sexual, especialmente en sectores como el comercio, la salud y la administración pública. La ratificación del convenio permitirá establecer mecanismos de protección, canales de denuncia eficaces y sanciones para los agresores.
Finalmente, señalaron que con esta aprobación, el país avanza en su compromiso con el trabajo digno, seguro y libre de violencia, consolidando un marco de acción coherente con los estándares internacionales.