Así sería la ley de sometimiento a la justicia de las bandas criminales propuesta por Minjusticia

El Gobierno Nacional dio a conocer el borrador del proyecto de ley con el que busca el sometimiento a la justicia por parte de las bandas criminales en el país.

“El primer artículo de la Ley indica que tiene “por objeto crear mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, mediante la aplicación de procedimientos de investigación y judicialización, contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, garantizar la no repetición, desmantelar las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto e impulsar la reintegración efectiva de sus integrantes mediante un enfoque restaurativo”.

El proyecto, de 54 artículos, contempla penas sustitutivas para quienes se acojan, que serán entre 10 y 12 años, divididas en dos partes: la primera, de cárcel efectiva entre 6 y 8 años sin ningún beneficio; y cuatro años de pena restaurativa.

“Las personas que se acojan a esta oferta del Gobierno tendrán penas privativas de la libertad en cárceles ordinarias impuestas por las autoridades judiciales ordinarias, de acuerdo con los procedimientos que están previstos en la ley (…) es decir, justicia ordinaria, sanciones efectivas de prisión”, señaló en rueda de prensa el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

Añadió además que el periodo restaurativo que indica la ley funcionará como una “especie de libertad condicional”, con actividades de reparación con las víctimas y “restauración del tejido social”.

Otro de los apartes de la ley indica que para el tratamiento penal aplicable a los integrantes de las estructuras armadas organizadas, “será diferenciado según la gravedad de las conductas y el grado de intervención de quienes han tomado parte en ellas”.

¿Quiénes se podrían acoger?

De acuerdo con el proyecto, a ley de sujeción y sometimiento podrán acogerse:

- Que se trate de organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas

- Que se encuentren organizadas en una estructura jerárquica y/o en red.

- Que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo.

- Que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen.

- Que cumplan funciones en una o más economías ilícitas.

La ley no contempla a grupos y organizaciones armadas rebeldes que poseen un carácter político, con las cuales el Gobierno actualmente adelanta diálogos de paz.

Finalmente, el ministro Osuna, en compañía del senador Ariel Ávila, y el representante Alirio Uribe, indicaron que este 16 de febrero presentarán el proyecto de ley de sujeción y desmantelamiento de estructuras criminales al Consejo Nacional de Política Criminal, para que emita su concepto lo más pronto posible.