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Porte de armas en Colombia: lo que opinan diferentes sectores sobre la iniciativa

La propuesta del Centro Democrático ha generado diversas opiniones sobre la viabilidad de esta medida y sus consecuencias.

Ante el incremento de hechos delictivos y violentos que se han registrado en Bogotá durante las últimas semanas, un grupo de congresistas radicó este miércoles un proyecto de ley que propone eliminar el porte especial de armas, lo que flexibilizaría su uso en el país.

La iniciativa, que fue presentada por la senadora María Fernanda Cabal y el representante Christian Garcés, pertenecientes al partido Centro Democrático, ha generado diversas opiniones sobre la viabilidad de esta medida y sus consecuencias. En radionacional.co, consultamos las opiniones de diferentes sectores.

En entrevista, la congresista Cabal defendió su iniciativa, asegurando que el índice de criminalidad se ha desbordado y argumentando que la Constitución otorga el derecho a la legitima defensa; sin embargo, sostuvo que portar un arma legal no significa que se vaya a cometer un crimen.

“El estar armado sirve para protegerme mi vida, porque yo no puedo tener un policía al lado mío y que el Ejército me acompañe en cada desplazamiento. Si el delincuente sabe que hay una probabilidad de que ese civil esté armado, lo va a pensar dos veces”, anotó

La senadora señaló que hoy más de 2’500.000 armas son ilegales, “es decir que la delincuencia hace lo que quiere, mientras el Estado le ata las manos al ciudadano con la excusa de que es mejor estar desarmado”, afirmó.

Cabal precisó que antes del año 2016 existió el permiso y salvoconducto para la tenencia y porte de armas, el cual era mucho más flexible. De esta forma, cerca de 400 mil ciudadanos tenían el permiso de uso y porte. “Si usted tiene el uso hay gente que no puede portarla, pero si usted tiene el porte tiene ambas cosas”, indicó.

Sin embargo, sostuvo que, al implementar la figura de porte especial, se prohibió, por lo que la cifra 400 mil personas se redujo a 6 mil, pero de todas formas les siguieron cobrando.

“Un estado que no te permite defenderte, pero al tiempo te cobra por el uso y el porte. Al prohibirse se dispara los índices de criminalidad porque la incautación de armas ilegales no ha sido progresiva como si ha sido el uso de esa ilegalidad en las armas, entonces estamos expuestos hoy los ciudadanos”, recalcó.

Por su parte, la senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano considera que el porte de armas generaría mayor inseguridad y afirmó que es paradójico pensar que si la gente tiene más disponibilidad y posibilidad de usar armas privadas, van a tener más seguridad.

“Está comprobado en nuestro país que la mayor tenencia, porte y disposición de armas generan mayor inseguridad, porque hay más posibilidad de uso y se genera mayor letalidad por cualquier conflicto social”, enfatizó.

La congresista manifestó además que con esta medida se podría presentar mayor intolerancia, mayores accidentes y tragedias, “porque en el armario o el closet hay una pistola o una escopeta, y el niño o adolescente toma el arma y termina provocándose lesiones permanentes o causando la muerte de otra persona”, ejemplificó.

“El monopolio de las armas no consiste solamente en la aprobación para que el cuerpo preparado de servidores públicos las pueda utilizar, sino para tener ese tipo de restricciones que, en nuestro país y en otros, han funcionado para limitar el porte y la tenencia de armas”, explicó.

Por otro lado, Manuela Suárez, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, señaló que la cantidad de armas de fuego, que hoy en día se calculan, que están en manos de los colombianos, es prácticamente la misma que hace 20 años.

“Para el año de 1994 se estima que el mercado de armas de fuego en Colombia generaba una tasa de nueve armas por cada 100 habitantes, esa estimación para el 2017 es de 10 por cada 100 habitantes”, dijo.

Para la analista, esto quiere decir que la sociedad colombiana está prácticamente igual de armada que hace más de 20 años, pero esto no ha ayudado a disminuir la violencia en el país.

“Hoy en día somos el quinto país en donde más muertes ocurren por el uso de armas de fuego. Actualmente, la proporción de homicidios con armas de fuego se mantiene por encima del 70 por ciento, una cifra que no ha variado en la última década”, concluyó.

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