Presidente Petro niega vínculos con Diego Marín: "Fuí yo el que llamó al presidente de España y al primer ministro de Portugal pidiendo su captura"
El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre las acusaciones que lo vinculan con Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, figura clave en redes de contrabando y actualmente detenido en Europa. El jefe de Estado respondió a los cuestionamientos del excandidato David Luna, quien citó información periodística sobre una presunta reunión entre Petro y el abogado español Gonzalo Boye, defensor de Marín, que habría tenido lugar en Bogotá en mayo de 2024.
A través de su cuenta en X, el mandatario negó de forma categórica cualquier relación con Diego Marín. En su pronunciamiento, sostuvo que no ha tenido tratos con el señalado contrabandista y que su postura ha sido siempre exigirle que se someta a la justicia colombiana. Petro también afirmó que fue quien expuso públicamente la magnitud de la red de corrupción atribuida a Marín, señalando su presunta capacidad para influir en sectores de la fuerza pública, la DIAN y altas esferas del poder.
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El presidente aseguró que impulsó acciones internacionales para lograr la captura del contrabandista, incluyendo gestiones con gobiernos de España y Portugal. Sin embargo, denunció que la operación se vio frustrada por una filtración desde la Policía, lo que habría permitido la fuga de Marín hacia territorio español, donde posee ciudadanía.
En su declaración, el presidente se refirió directamente a la Fiscalía General de la Nación, a la que señaló de no haber adelantado investigaciones estructurales sobre el caso. Según el mandatario, el ente acusador habría limitado el alcance de las indagaciones a hechos recientes, dejando por fuera décadas de actividad ilegal. Además, sugirió que funcionarios del organismo habrían tenido participación en reuniones relacionadas con el entorno del contrabandista.
Mientras sectores de la oposición insisten en la necesidad de investigaciones por parte de organismos como la Fiscalía y la Procuraduría, el Gobierno defiende su actuación y traslada el foco hacia presuntas fallas estructurales en las entidades encargadas de la justicia.