Sectores políticos y sociales rechazan decisión de la Corte sobre emergencia económica
La decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el Decreto Legislativo 1390 de 2025, expedido por el Gobierno nacional para afrontar el hueco fiscal tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento, generó fuertes rechazos desde distintos sectores políticos, sindicales y sociales.
Este jueves 29 de enero de 2026, mediante el Auto 082 de 2026, el alto tribunal dejó en pausa la declaratoria de emergencia económica mientras se emite un fallo de fondo sobre su constitucionalidad. Para el Gobierno y sus aliados, esta medida no solo limita las facultades extraordinarias del Ejecutivo, sino que abre un escenario de incertidumbre fiscal al impedir, por ahora, la obtención de recursos clave para cubrir obligaciones del Estado y frenar el encarecimiento de la deuda pública.
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Reacciones
El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó duramente la decisión y aseguró que la emergencia no responde únicamente a un déficit fiscal, sino también a un “déficit de riesgo” que compromete el pago de la deuda pública y la seguridad social. Según Benedetti, con esta suspensión la Corte estaría protegiendo a los sectores más ricos, trasladando el costo de la crisis a los más vulnerables. “Aquí lo que está en debate es quién paga la crisis”, afirmó.
En la misma línea, la senadora Aída Avella calificó la medida como un “error fundamental” y sostuvo que contradice los fines esenciales del Estado consagrados en la Constitución de 1991. A su juicio, la decisión vulnera el principio del Estado social de derecho y deja desprotegida a la población más pobre. Avella incluso señaló que percibe un factor político predominando en el fallo, postura que lamentó en su condición de constituyente.
Desde el movimiento sindical, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, rechazó la suspensión y la calificó como un “mal mensaje para la institucionalidad”. Arias sostuvo que el Gobierno ha enfrentado serias dificultades para garantizar recursos presupuestales y acusó a distintos poderes del Estado de cerrar filas contra el Ejecutivo, afectando su capacidad de gestión.
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Por su parte, el congresista del Pacto Histórico Wilson Arias afirmó que la Corte Constitucional estaría desconociendo una jurisprudencia histórica sobre los estados de excepción, vigente desde la época del magistrado Carlos Gaviria Díaz, y sostuvo que esta decisión se adopta por tratarse del presidente Gustavo Petro. Según el legislador, se trata de fallos con un marcado carácter político que responden a un litigio estratégico de sectores de derecha y que estarían modificando de manera regresiva la jurisprudencia constitucional.
Finalmente, el representante a la Cámara Heráclito Landínez señaló que, por primera vez en la historia de Colombia, la Corte Constitucional suspendió de manera provisional un decreto legislativo expedido por el Gobierno nacional en el marco de la emergencia económica. El congresista afirmó que no comparte la decisión del alto tribunal y advirtió que esta medida afectará el equilibrio presupuestal y, sobre todo, las inversiones públicas sociales que adelanta el Gobierno en beneficio de los colombianos.