En el caso de Barranquilla, el senador Alex Flórez, del Pacto Histórico, reprodujo en redes sociales denuncias periodísticas que apuntan a una estrategia articulada para pedirles a contratistas de dependencias y entidades locales que consigan votos para De la Espriella.

Una situación similar fue denunciada en Santa Marta por la superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, quien documentó que desde la Alcaldía se estaría condicionando la continuidad de contratos a la consecución de votos para el mismo candidato.

Ante estas denuncias, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente se pronunció y anunció seguimiento riguroso a estas conductas.

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En un comunicado oficial, la entidad afirmó que, “como ente rector de la contratación estatal, rechaza de manera tajante este tipo de prácticas y refuerza la vigilancia”.

Al respecto, el director de la entidad, Cristóbal Padilla, fue categórico al señalar que existe cero tolerancia frente a estas conductas irregulares.

“Hemos conocido, a través de distintos medios de comunicación y de redes sociales, casos de presuntas presiones por parte de alcaldías, especialmente en ciudades capitales de la Costa Caribe, en las que, mediante canales internos como grupos de trabajo en WhatsApp, se estaría difundiendo propaganda electoral a contratistas, presionándolos para multiplicar mensajes políticos como condición para dar continuidad a contratos”, explicó el funcionario.

Ante esta situación, Colombia Compra Eficiente dispuso un equipo jurídico para analizar estos casos y coordinar con las autoridades judiciales competentes las acciones legales necesarias para identificar a los responsables de promover este tipo de presiones en favor de un determinado candidato.

Asimismo, la agencia hizo un llamado a los contratistas del Estado y a la ciudadanía en general para que presenten denuncias ante las autoridades, con el fin de que se investigue el origen de estas presiones y se establezcan las responsabilidades disciplinarias y penales a que haya lugar.

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La Agencia Nacional de Contratación Pública señaló que, “en aras de la transparencia que debe imperar en la contratación pública y del deber ciudadano de impedir interferencias ilegales en el proceso electoral a través de las compras públicas”, solicita a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República investigar este tipo de conductas, y manifestó su disposición de trabajar conjuntamente con los órganos de control para frenar estas prácticas".