La Procuraduría General de la Nación le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordene al presidente Gustavo Petro frenar sus denuncias sobre un supuesto fraude electoral. Pero esa postura chocó con los propios datos de la entidad, que reportó 1.465 quejas durante la jornada del 8 de marzo, además de miles de novedades operativas y procesos disciplinarios por presuntas irregularidades.
Mientras el Ministerio Público sostuvo ante los jueces que las afirmaciones del mandatario carecen de pruebas y amenazan el ambiente electoral, la misma institución ya abrió una investigación contra cuatro jurados en Barranquilla por inconsistencias en los formularios de votación y reconoció que al menos 10.329 jurados no asistieron a los puestos asignados, de acuerdo con el balance divulgado tras la jornada.
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La Procuraduría intentó limitar las declaraciones del Presidente
En audiencia pública, el procurador delegado Juan Carlos Villamil llegó a solicitar una medida cautelar urgente para que el presidente dejara de hacer denuncias sobre fraude, según él, sin sustento probatorio. La Procuraduría argumentó que esos mensajes pueden afectar el curso de las elecciones presidenciales del 31 de mayo y sembrar desconfianza sobre el sistema electoral.
El viceprocurador Julián Andrés Fernández insistió en que la entidad no buscaba silenciar al jefe de Estado, sino imponerle límites. “La Procuraduría no busca eso. Yo creo que la Procuraduría lo que busca es una recuperación de la ética pública en el debate electoral”, declaró.
La intervención del Ministerio Público respondió a una cadena de mensajes publicados por el Presidente en X después de las legislativas. En uno de ellos, el mandatario sostuvo que su denuncia iba más allá de los jurados y apuntaba al sistema de fondo. “Voy al fraude grande, el del software listo para la elección presidencial. El procurador me ayudará aclararlo”, escribió.
En otro trino, el presidente cuestionó la autoridad de la Procuraduría para desacreditar sus advertencias sin revisar el componente técnico del proceso. “Le preguntaría al procurador Eljach, con derecho de petición incluído, si le han entregado el código fuente del software Thomas Greg and Sons para que le haga una auditoría de expertos. Si no lo ha hecho no debería pronunciarse”.
Las cifras que complican el discurso de Eljach
La propia Procuraduría informó el 9 de marzo, justo al día siguiente de las elecciones, que recibió y gestionó más de 1.465 quejas durante la jornada de elección del nuevo Congreso de la República y las consultas interpartidistas. De ese total, 45 correspondieron a colombianos residentes en el exterior y más de 500 fueron orientaciones brindadas a ciudadanos a través de los canales habilitados por la entidad.
El reporte añadió que el Centro de Comunicaciones y Logística del Ministerio Público recibió 433 denuncias o quejas relacionadas con presuntas posibles irregularidades electorales en todo el territorio nacional. A ese dato se sumó una señal grave de desorden operativo: 10.329 jurados no asistieron a los puestos de votación que tenían asignados. Sin embargo, insistió en defender el funcionamiento de su sistema durante la jornada.
Esas cifras golpean la tesis de una jornada sin sobresaltos. La entidad puede rechazar que exista, por ahora, una prueba concluyente de fraude general, pero sus propios balances muestran una elección marcada por reportes masivos, alertas ciudadanas y fallas en la operación de los comicios.
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Barranquilla, el caso que ya pasó a investigación
Este viernes, se conoció que la entidad abrió una investigación disciplinaria contra Javier Fonseca Villanueva, Sandra Milena Henao Nieto, Gerson Rengifo Consuegra y Catherine Martínez Villegas, jurados de votación en el puesto ubicado en el Nodo del Sena, en Villa de San Pablo, Barranquilla. El proceso busca establecer si incurrieron en irregularidades durante el conteo y registro de los votos del 8 de marzo.
Los números de ese caso dispararon las alarmas. En el formulario E11 de Senado estaban habilitados 183 ciudadanos, pero en el registro aparecieron 290 sufragantes. En Cámara de Representantes, con el mismo número de personas habilitadas, fueron reportados 395 sufragantes. La diferencia llevó a la apertura del expediente disciplinario por posibles inconsistencias en el diligenciamiento y consolidación de resultados.
La controversia quedó abierta con unas evidencias difíciles de ocultar. La Procuraduría les pide a los jueces que frenen al presidente por denunciar fraude, mientras sus propios reportes dejan en evidencia que el 8 de marzo cerró con 1.465 quejas, 10.329 jurados ausentes y, en menos de una semana, por lo menos una investigación iniciada. Las denuncias ya son muchas, aunque no exista registro oficial.