JEP imputa a altos mandos de la Fuerza Pública por el genocidio contra la Unión Patriótica
La Jurisdicción Especial para la Paz realizó un anuncio histórico para las miles de víctimas sobre los Casos 04 (Situación territorial de la región de Urabá) y 06 (ahora llamada Genocidio del partido político Unión Patriótica).
Unión Patriótica
La Jurisdicción Especial para la Paz calificó como genocidio político el ataque sistemático contra la Unión Patriótica (UP) e imputó responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército por su participación, acción y omisión, en la destrucción del partido entre 1984 y 2007.
Los imputados, señalados como máximos responsables y coautores, son el mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, excomandante de la Primera División; el brigadier general (r) Rito Alejo del Río Rojas, excomandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional; los tenientes coroneles (r) Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez.
La Sala de Reconocimiento de Verdad encontró que el ataque sistemático tuvo la intención deliberada de destruir a la Unión Patriótica. Por eso calificó el hecho global como genocidio contra el partido político, conforme al artículo 101 del Código Penal colombiano. En consecuencia, decidió renombrar el Caso 06 como ‘Genocidio contra el partido político Unión Patriótica’, por dejar más de 8000 vulneraciones a los derechos humanos, entre ellos 5000 asesinatos.
“Fue un crimen que empezó con el patrón de la estigmatización de sus militantes, tildándolos de ser guerrilleros de las extintas Farc”, señaló la magistrada Catalina Díaz.
La sala también calificó los hechos como crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de exterminio, deportación, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos.
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El ataque genocida le apuntó a todos los niveles de la organización política, resultando en el asesinato de militantes de base, así como dirigentes nacionales y regionales, incluyendo 2 candidatos a la Presidencia de la República, 6 parlamentarios, 17 alcaldes y 165 concejales. Muchas de las víctimas eran además líderes sociales.
Urabá
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 34 personas: ocho comparecientes de las Farc-EP, 21 comparecientes de la fuerza pública y cinco civiles por crímenes en Urabá cometidos en la región entre 1986 y 2002.
Entre los imputados están los generales (r) Alejandro Miguel Navas, Edgar Ceballos Mendoza, Emiro José Barrios y Rito Alejo del Río.
Esta decisión del Caso 04 es la primera de la JEP que vincula de manera conjunta a los tres actores que son competencia de la Jurisdicción: Farc-EP, fuerza pública y terceros civiles, en este caso, voluntarios vinculados a proyectos de ganadería extensiva y agroindustria, asociados al Fondo Ganadero de Córdoba (FGC).
La decisión reconoce la dinámica territorial del conflicto armado vivida en Urabá como escenario y laboratorio de la guerra que desplegaron múltiples actores armados.
La Sala de Reconocimiento de Verdad identificó tres patrones macrocriminales: eliminación por prejuicio enemigo cometida por los dos actores armados de competencia de la JEP; vaciamiento del territorio con fines de despojo y repoblamiento, en el cual participaron de manera conjunta la fuerza pública, los grupos paramilitares y los civiles vinculados; y control sociocultural y territorial bajo las modalidades de captura del territorio, cooptación de formas organizativas propias y afectaciones a libertades individuales.