En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó e inhabilitó por 10 años a la patrullera de la Policía Nacional, Erika Judith Perez Romero, quien agredió físicamente a un ciudadano en la localidad de Suba en medio de un procedimiento policial.
Los hechos que habrían ocurrido en octubre de 2024 en inmediaciones del humedal Juan Amarillo, y que se hicieron virales a través de las redes sociales, generaron indignación y rechazo en la ciudadanía.
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Sanción e inhabilidad
El Ministerio Público verificó que hubo abuso de posición de autoridad por parte de la patrullera contra el ciudadano Juan Sebastian Novoa, quien fue golpeado en el rostro en medio del procedimiento.
En ese sentido, el organismo de control pudo comprobar que la servidora pública excedió los límites de las atribuciones permitidas por la ley, vulnerando gravemente los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad.
En consecuencia, su conducta fue calificada como “gravísima” a título de dolo en el fallo de primera instancia.