Víctimas del conflicto armado rechazaron el cierre del examen de la CPI
“Es un duro golpe para las víctimas de crímenes de estado ya que con esa decisión se está premiando la criminalidad estatal”, dijo Eliecer Arias, indígena kankuamo y vocero sobre ejecuciones extrajudiciales del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
En su cuenta oficial de Twitter el Movimiento señaló las razones por las cuales las víctimas no se sienten satisfechas con la decisión. “En Colombia no han existido tribunales que permitan a las víctimas acceder al derecho a la justicia, mucho menos a una verdad que permita esclarecer la participación de múltiples sectores de la sociedad en la profundización del conflicto armado”, agregaron.
“Existen pocos mecanismos efectivos de reparación y nulas garantías de no repetición, pues vemos como cinco años después de haber sido firmado el Acuerdo de Paz, el conflicto armado ha tomado nuevas dimensiones en muchos de los territorios donde antes operaba la guerrilla de las Farc”, indicaron en otro trino, donde además resaltaron la presunta falta de interés por parte del gobierno por la negación del acuerdo y de las víctimas.
Arias resaltó que la decisión tomó por sorpresa a la organización y se refirió al panorama que ven las víctimas tras la decisión de la corte.
“Seguiremos dando nuestra lucha en las calles y también a nivel internacional para que la impunidad no siga reinando en Colombia”, enfatizó.
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En la mañana de este jueves, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan y el presidente, Iván Duque, firmaron un acuerdo de seis páginas con el que dieron cierre al examen preliminar que ese organismo mantenía sobre Colombia desde el año 2004, por delitos de lesa humanidad cometidos en el territorio nacional por miembros de las Fuerzas Militares, paramilitares y militantes de las Farc y el Eln.
Este acuerdo contiene siete puntos, los cuales deben ser cumplidos por Colombia para evitar que este organismo internacional reabra el examen preliminar o incluso inicie una investigación formal.
El punto más importante de este acuerdo indica que el Gobierno se compromete a continuar apoyando los procesos pertinentes ante las diferentes instancias judiciales interconectadas, incluyendo la justicia ordinaria, el sistema de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz.
