De acuerdo con la investigación durante 2015 y 2016, Ricaurte habría recibido dinero para frenar varios procesos que se seguían en la Corte Suprema de Justicia.
Las propiedades están avaluadas en más de 27.425 millones de pesos y se encuentran ubicadas en Bogotá, Atlántico, Antioquia, Chocó, Bolívar, Caquetá, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre.
