Los exguerrilleros aceptaron su responsabilidad en delitos relacionados con secuestro, desaparición, desplazamiento y violencia sexual en varios departamentos del país.
Fueron afectados con medidas cautelares de extinción del derecho de dominio. Las propiedades fueron avaluadas en $3.246 millones de pesos y están ubicadas en Atlántico, Bolívar y Tolima.
