A esto se suma la apertura de un juicio de responsabilidad fiscal por actuaciones que presuntamente comprometen al Instituto Penitenciario y Carcelario, INPEC, y a su director, el Mayor General Gustavo Ricaurte Tapa, por el posible deterioro del patrimonio del Estado, por no utilizar los equipos de seguridad electrónicos, contratación que tuvo un costo de $28 mil millones de pesos.
Igualmente, se abrió juicio fiscal al director del INPEC por el presunto detrimento patrimonial que se desprende de la celebración de un contrato con sobrecostos por $775 millones de pesos, destinado a la adquisición de kits de aseo para los reclusos.
La Contralora recibió una comunicación de parte del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, pidiéndole oficialmente que interviniera de manera inmediata en el problema de las cárceles.