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Investigan a alcaldes, gobernadores y ministros por contratos durante pandemia

También se encuentran abiertas investigaciones contra a Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Finagro y el DNP.

La Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría entregaron los resultados de las investigaciones que han adelantado por presuntas irregularidades y posibles hechos de corrupción en contratos realizados durante la pandemia de coronavirus. En los hechos están involucrados gobernadores como el de Chocó, Arauca, Tolima y Cesar; alcaldes como el de El Socorro, La Palma, Calarcá, Armenia, Malambo, Soledad y Guaduas, y los ministerios de Defensa y Agricultura.

En el caso de la Procuraduría se ha priorizado 1.286 casos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a las ayudas humanitarias para atender la emergencia derivada de la Covid-19.

“De esos 1.286 casos priorizados, la Procuraduría inició 990 procesos preventivos, que incluyeron, entre otras acciones, vigilancia a la contratación. Simultáneamente, abrió 296 registros, de los cuales en 123 se inició proceso disciplinario y en cada uno de ellos ya se ha tomado alguna decisión. Otros 132 se encuentran en etapa preliminar y 41 fueron archivados. Se iniciaron 24 expedientes por contratación en 14 gobernaciones y 70 procesos en 55 alcaldías. También se revisan contratos que vinculan 24 entidades del orden nacional y territorial”, explicó el procurador general, Fernando Carrillo.

Medidas contra gobernadores

Citaron a audiencia de juzgamiento disciplinario al gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, por presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones. Además, se le abrió investigación por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias del departamento por $4.463.379.180.

Se abrió investigación al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, y se ordenó su suspensión por tres meses por irregularidades de más de $2.000 millones de peso, al celebrar un contrato con la Fundación Chocó Saludable, donde el contratista debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, una contratación que en la pandemia no es urgente.

Al gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo, se le vinculó formalmente a una indagación preliminar por presuntas irregularidades en la revisión de la suscripción de 37 contratos, por más de $14.065 millones, para la adquisición de 88.700 kits de mercados, abarrotes y tarjetas o bonos para redimir en establecimientos de comercio.

“Este proceso tiene origen en el expediente que se abrió por presuntas irregularidades y malos manejos en la contratación y uso de recursos destinados por la Gobernación del Cesar para atender necesidades de la población. En este caso se están revisando 37 contratos y dos adiciones”, señaló el procurador Carrillo.

Medidas contra alcaldes

Citaron a audiencia de juzgamiento disciplinario a la alcaldesa de El Socorro, Santander, Claudia Luz Alba Porras, por presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos por más de $325 millones de pesos.

“Se investiga un aparente sobrecosto en un primer contrato por $200 millones para la entrega de mercados a 2.000 familias del municipio, y aparentes irregularidades en un segundo contrato, celebrado con la esposa del primer contratista, por más de $125 millones para el apoyo a la atención del adulto mayor vulnerable en la modalidad centro vida, a través de la Corporación Rayos de Esperanza, creada 30 días antes de la celebración del contrato”, aclaró el procurador.

También se llamó a juicio disciplinario al alcalde de Guaduas, Cundinamarca, Germán Herrera, por presuntos sobrecostos en dos contratos, por $560 millones de pesos, para el suministro de mercados y elementos de aseo, presunta falta de idoneidad del contratista.

Por otra parte, se abrió investigación disciplinaria al alcalde de La Palma, Cundinamarca, John Jairo Pulido, por posibles sobrecostos e irregularidades en la selección de contratistas para la firma de un convenio por $65 millones de pesos, para la entrega de productos básicos a las familias más vulnerables del municipio.

Para el caso del alcalde de Calarcá, Quindío, Luis Alberto Balsero, se ordenó la apertura de investigación y la suspensión del cargo por tres meses por presuntas irregularidades en contratación.

Además, en la Alcaldía de Armenia se abrió indagación por un contrato de $300 millones “con la empresa ‘Guitarra & Coffee’, para el suministro de servicios logísticos, operativos, asistenciales y de restaurante para el personal administrativo, Fuerza Pública, organismos de control o voluntariado que apoyan la gestión del municipio para atender la emergencia generada por el Covid-19”, afirmó el ente de control.

Mientras que en las alcaldías de Malambo y Soledad, en Atlántico, y las gobernaciones de Cesar y Tolima, así como en otros 11 procesos más, avanza la indagación preliminar para evaluación sobre posible juicio disciplinario o la apertura de investigaciones disciplinarias.

Otras investigaciones

Adicional a estas investigaciones, tras recibir las denuncias sobre presuntas irregularidades y sobrecostos en la entrega de un millón de mercados por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra de su director, Eduardo José González.

Por su parte, la Contraloría General informó que continúa en la acción preventiva sobre 17.486 contratos a nivel nacional relacionados con la emergencia. “Se tienen 50 casos en análisis, de las cuales se han iniciado 21 actuaciones especiales en la Unidad de Reacción Inmediata de la DIARI, 7 indagaciones preliminares en la Unidad de Responsabilidad Fiscal, y en la Unidad de Investigaciones Especiales se tramitan 21 indagaciones y un proceso de responsabilidad fiscal en la Unidad Anticorrupción”.

El contralor general, Felipe córdoba, señaló también que entre las investigaciones se adelanta una al Ministerio de Defensa por los aparentes sobrecostos en la adquisición de tapabocas, esta medida también cobija a la Armada Nacional y otro proceso al gobernador de Arauca por responsabilidad fiscal de 1.000 millones de pesos por un contrato de alimentación.

De esta manera, el Gobernador de Arauca, a la fecha, contaría con cinco procesos: dos disciplinarios, uno fiscal y dos penales, que fueron anunciados por el fiscal general, Francisco Barbosa, quien también aseguró que se indaga a los gobernadores de Magdalena, San Andrés y Vichada. Estos procesos se seguirán ante la Corte Suprema de Justicia y en los próximos días serán abierta indagaciones contra otros tres gobernadores.

Además, el fiscal general Francisco Barbosa anunció que se adelanta una investigación contra el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Zea Navarro, Finagro y el Departamento Nacional de Planeación para esclarecer las presuntas irregulares en la asignación de créditos blandos para productores del campo que terminaron en manos de grandes empresarios.

“Tenemos en este momento dos indagaciones preliminares abiertas de entidades del orden nacional: Departamento Nacional de Planeación y Finagro, en el marco de un trabajo con la Contraloría y la Procuraduría en donde hay un aforado constitucional, en este caso con una noticia preliminar abierta que es el ministro de Agricultura”, aseveró Barbosa.

“La Fiscalía General de la Nación ha adelantado una verificación sobre 909 contratos, de los cuales se adelantan 63 iniciativas investigativas, se han abierto 38 procesos en etapa de indagación preliminar por presunta violación a los principios de la contratación estatal en contratos celebrados entre municipios y gobernaciones, y se abrió noticia criminal contra 41 funcionarios municipales en Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Cesar, Sucre, Bolívar, La Guajira, Nariño, Antioquia, Quindío y Santander (…) De esta forma hemos evitado que se pierdan 17 mil millones de pesos”, agregó el fiscal general.

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