A paso lento se dan investigaciones a Fuerza Pública por delitos de violencia sexual: Defensores de DD.HH.
Estas afirmaciones se dan luego de que la directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, Catalina Ortiz, afirmara que un gran reto de la Jurisdicción Especial para la Paz es lograr que los desmovilizados de las Farc reconozcan delitos relacionados con violencia sexual porque les es muy dificil.
Sin embargo, para la abogada y vocera de la Corporación Humanas, Adriana Benjumea, la alarma no solamente incluye a la subversión, pues el Gobierno Nacional ha hecho a un lado la responsabilidad de la Fuerza Pública en actos de la misma índole.
“El Gobierno colombiano a avanzado en investigaciones de violencia sexual con relación a miembros de las Farc, pero tiene completamente atrasado y descuidado todo lo que significan los delitos de violencia sexual cometidos por la Fuerza Pública”, señaló la activista.
Así mismo fue enfática al afirmar que: “La alarma es para el Estado colombiano y para el país porque, ni en este proceso que viene se tienen completas garantías de que todos los delitos sexuales se confiesen. Las víctimas están esperando que las dos partes cumplan”, afirmó.
Según lo anunciado por la cartera de Justicia, confesiones de este tipo generan un problema entre el honor masculino por temas educativos y culturales; pues una experiencia que no se puede repetir se dio con los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, donde muchos no confesaron este delito y otros lo consideraban como un acto normal.
Lo anterior fue ratificado por Luz Marina Díaz, víctima de violencia sexual quien afirmó a Radio Nacional de Colombia que esto hace parte de los problemas de reconocimiento ante la Justicia por parte de la subversión.
“Los hombres de la guerrilla tienen una cultura machista y creen que tomar a una mujer a la fuerza y abusar sexualmente de ella es un acto normal, hasta natural. A las mujeres se les ha tomado como botín de guerra para darle escarmento a la sociedad”, sostuvo.
Se hace vital el control y verificación desde las organizaciones defensoras de mujeres víctimas de violencia sexual a los acuerdos de paz, con relación a la reparación y confesión de actos sexuales violentos contra las mujeres, tanto de la Fuerza Pública, como de miembros de las Farc, enfatizó la abogada Adriana Benjumea.
“Es verdad que hay riesgos; es verdad que tanto víctimas como organizaciones tendremos que estar atentos vigilando que haya verdad, justicia y reparación para las mujeres. Una verdad inmediata, una verdad tardía y quien no diga la verdad tendrá que pagar penas privativas de la libertad que oscilan entre los 15 y los 20 años”, puntualizó.
Se hace un especial llamado, desde quienes defienden los derechos de estas mujeres a ser reparadas, al Gobierno Nacional para que así como se esperan confesiones de actos sexuales violentos por parte de subversivos de las Farc, también se investiguen y castiguen los realizados, según víctimas y defensores, por miembros de la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado colombiano.
