¿Qué está pasando con los derechos de los niños y niñas en medio de la pandemia?

En el informe ‘La pandemia tiene en crisis los derechos de la niñez’, realizado por la organización NiñezYA, que trabaja por la protección de los derechos de la primera infancia en Colombia, se muestra un panorama desalentador frente a las condiciones de niños, niñas y adolescentes en el país en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Seguridad alimentaria y nutrición

Frente al tema de la nutrición, el reporte detalló que el país había retrocedido cuatro años en el objetivo de erradicar la desnutrición crónica, teniendo en cuenta que antes de la cuarentena solo el 10.7 por ciento de los hogares colombianos no consumían en promedio las tres comidas al día.

Luego del aislamiento esta cifra se elevó al 30.4, siendo los departamentos del Amazonas, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Chocó, La Guajira, Sucre y Nariño los que más problemas de inseguridad alimentaria y desnutrición crónica y aguda evidencian, según el reporte.

Así mismo, las cifras de maltrato infantil tuvieron un incremento significativo durante la pandemia, considerando que en el 2020 se registraron 13.266 casos en comparación a los 9.011 que se presentaron en el 2019, lo que equivale a un aumento del 47 por ciento. Además, en 2020 se reportaron 14.225 casos de violencia sexual, mientras que en el 2019 fueron 14.032.

Reclutamiento infantil

Otro de los impactos que tuvo la pandemia en los menores fue el aumento del reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales. De acuerdo con el informe, en el 2020 se presentaron 79 eventos en los que resultaron afectados alrededor de 222 niños y adolescentes, lo que marca un incremento de 12 eventos y 22 víctimas con respecto al año anterior.

Estas cifras se alinean con la investigación que desarrolló el Instituto Familiar de Bienestar Familiar (ICBF), que registró 465 casos de niñas, niños y adolescentes reclutados desde 2016 por dos actores armados en específico: el Eln y los Grupos Armados Organizados Residuales con su red delincuencial.

Paralelamente, los eventos de desplazamiento forzado que se reportaron en el 2020 afectaron a 5.742 menores de edad, lo que expone un crecimiento de 2.242 víctimas en comparación al 2019.

Educación

La inequidad en el sector educativo fue otro de los puntos que abordó el reporte. Subrayó que 1’980.000 niños y niñas entre los 7 y 11 años nunca han tenido acceso a internet en Colombia, lo que corresponde al 36% de los menores que se ubican en este rango de edad. La situación se agrava si se tiene en cuenta que el 76 por ciento de los hogares en la ruralidad y el 50 por ciento en la zona urbana no tienen computador.

“Las medidas tomadas por la pandemia no han permitido que eso suceda, con el agravante de que las grandes disparidades entre niveles económicos y zonas rurales y urbanas ha impedido que estén en las mismas condiciones para continuar con sus procesos formativos”, detalla el documento.

Salud mental

En materia de salud mental, el análisis de NiñezYA no se separa de las dificultades que han tenido que afrontar los niños, niñas y adolescentes en medio del encierro. A través de la citación de la Encuesta Pulso Social del DANE, el informe mencionó que el 42.8 por ciento de los niños, niñas y adolescentes consultados sienten preocupación y nerviosismo, y más del 40 por ciento de los menores de edad entre los 6 y 18 años han desarrollado ansiedad.

Trabajo infantil

Respecto al trabajo infantil, el estudio hizo alusión a las cifras de Unicef que indican un aumento de 0.7 por ciento de menores de edad ejerciendo labores con fines económicos en el mundo, aunque no revela datos de Colombia durante el 2020. De hecho, el único indicio de la situación de trabajo infantil en Colombia la expone el ICFB, indicando que en 2019 existían en Colombia 586.000 niños, niñas y adolescentes en esta circunstancia.

Lo que dicen otras organizaciones

Carolina Piñeros, directora de RedPapaz, organización defensora de los derechos de los menores, aseguró en diálogo con Señal de la Mañana de Radio Nacional de Colombia que estas cifras son preocupantes e hizo un llamado al Gobierno Nacional para que reabran los Centros de Desarrollo Infantil y se retome la presencialidad en los colegios públicos del país.

“Lo que muestran las cifras es dramático en términos de violencia y en pérdidas por temas de salud como es el caso de la desnutrición (…) Esta situación se está generando por la desescolarización y la no atención del ICBF, pues de manera muy lenta y perezosa se está regresando a la presencialidad en los centros de desarrollo infantil del ICBF, así como en muchos de los colegios públicos del país”, comentó Piñeros.

Agregó que el cese de actividades de estos centros de atención y de los colegios desde hace un año, ha sido la causa principal del incremento de las violaciones sistemáticas de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

“Parece que a muchos se les olvidó el artículo 44 de la Constitución Política, que dice que los derechos de los niñas y niñas son derechos prevalentes. Aquí no estamos hablando de realizar las cosas sin cumplir las medidas de bioseguridad, pero tiene que haber un lineamiento claro para que ese retorno progresivo y seguro pueda darse, porque estamos empujando a los niños a un lugar en donde seguramente no los vamos a poder recuperar”, advirtió la directora.

De hecho, la organización RedPapaz interpuso una tutela dirigida al Gobierno Nacional en cabeza del ICBF, mediante la cual exigen “adelantar todas las acciones necesarias para iniciar dentro del menor término posible, y en ningún caso superior a treinta (30) días, la prestación de los servicios de atención integral a la primera infancia en la modalidad presencial de forma universal y simultánea”.

“Presentamos esta tutela porque creemos que ese servicio de atención a la primera infancia debe ser visto por el país como un servicio esencial (…) El ICBF ya hizo pilotos el año pasado con excelentes resultados en los Centros de Desarrollo Infantil, entonces lo que hace falta en este momento es la voluntad política de realmente poner a los niños, niñas y adolescentes en la órbita, porque siempre han estado en la cola de todas las preocupaciones”, apuntó Piñeros.

Piñeros afirmó que, casos como el de la niña Sara Sofía, que permanece desaparecida desde el pasado 28 de enero en Bogotá, suceden porque se les pierde la pista a los niños y que, en la misma medida, una gran cantidad de menores de edad pueden estar viviendo una situación similar en el país.

Por otra parte, la activista señaló que la ruralidad debe ser prioridad en el retorno a las clases presenciales, considerando las dificultades de conectividad que tienen las familias y el escaso impacto sanitario que tuvo la pandemia en estos territorios.

Finalmente, la directora de RedPapaz hizo un llamado a trabajar mancomunadamente por los niños, niñas y adolescentes con la intención de minimizar las brechas existentes, que llevan a la vulneración de sus derechos.

“Muchas veces quienes toman estas decisiones lo hacen desde su propia mirada, porque se enfocan en que su hijo esta bien, y no estamos viendo la realidad de muchos niños que viven en situación de vulnerabilidad. Con esto los estamos empujando a un abismo sin salida, porque recuperar esos niños en materia de salud, educación y de la delincuencia es un tema muy complejo y doloroso”, concluyó.