ONU legitimó la protesta y pidió protección a los manifestantes
En medio de las movilizaciones que está viviendo el país con la minga indígena, la Alta Consejería para los Derechos Humanos de la ONU entregó una serie de recomendaciones a partir del análisis de las jornadas de protestas de meses anteriores, y pidió protección para los manifestantes.
Se trata de la observación 37 sobre el manejo de la protesta social presentada en el mes de septiembre, y las recomendaciones en medio de las jornadas de movilizaciones. Garantía de los derechos de los manifestantes, el deber del Estado y el actuar de la fuerza pública son algunos de los temas más importantes.
Juliette de Rivero, representante de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. en Colombia, destacó en primer lugar la importancia de garantizar los derechos de los manifestantes.
“La reunión o manifestación pacífica es importante porque permite reclamar y hacer realidad muchos derechos humanos incluidos los derechos económicos, sociales y culturales. Le da voz a las personas y a grupos más marginados. La protesta pacífica es un pilar de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los Derechos Humanos, el respeto a la ley y el pluralismo”, aseguró la ONU.
Frente a los hechos violentos registrados en las pasadas movilizaciones, en el que varias personas resultaron muertas, la ONU aseguró que no se puede estigmatizar a todos los manifestantes y que el uso de la fuerza debe tener unos principios básicos.
“La violencia debe ser castigada con la ley pero no debe impedir que aquellos que manifiestan pacíficamente puedan hacerlo. Por último los agentes del orden público deben tratar de reducir la tensión de las situaciones que podrían dar lugar a la violencia, tienen la obligación de agotar los medios no violentos y advertir previamente si es absolutamente necesario utilizar la fuerza”, dijo Rivero.
Por último, en este documento de 19 páginas se hace la recomendación de que todo hecho violento o abuso policial debe quedar correctamente registrado, y que el Estado está en la obligación de investigar y castigar a los responsables.
