En Nariño buscan agilizar obras de la doble calzada Pasto - Rumichaca
Por: Diego Burgos.
Ante la incertidumbre que existe con el proyecto vial 4G de la doble calzada entre la capital de Nariño y el puente internacional de Rumichaca en la frontera con Ecuador. El sector intergremial junto a los gobernadores indígenas y representantes de la Gobernación, se reunirán con la Agencia Nacional de Infraestructura (Ani), para establecer el plan de trabajo que permita que las obras no se estanquen y no vuelva a ocurrir un episodio similar a lo que ocurrió con la concesionaria Devinar, a la cual se le termino el contrato de manera anticipada, quedando obras sin ejecutarse.
Según Eugenia Zarama, directora ejecutiva de Fenalco, se le solicitará a la Agencia Nacional de Infraestructura, que se tenga una reunión de alto nivel en el departamento de Nariño para sacar el proyecto vial de ‘cuidados intensivos’.
“Nos preocupa que una inversión tan grande, que nunca se había presentado en el departamento, esté en riesgo. Hoy todos estamos hablando el mismo idioma, queremos la obra y la necesitamos, sin embargo, hay muchas preocupaciones que atañe a todos los sectores para sacar adelante el proyecto”, indicó Eugenia Zarama.
La ejecutiva de Fenalco señaló, que, si existen retrasos en el inicio de la obra, pero estos se deben a la no financiación del proyecto con los préstamos de los bancos, debido a que las entidades bancarias no tienen garantía para desembolsar los recursos a la concesionaria, porque aún no se tiene claridad de la ubicación de los peajes.
“Este es un proyecto que se financia con recursos del estado a través de vigencias futuras y préstamos. Hasta el momento la concesionaria no tiene acceso a créditos porque la única garantía que exige es la construcción de los peajes”, precisó la funcionaria.
Por su parte, el gobernador del resguardo indígena de Ipiales, José Arcenio Cuasquer, manifestó que no están en contra de la doble calzada, lo único que les preocupa son las 26 veredas que se verían afectadas por la ubicación del peaje.
Ante esta situación la Ani anunció que junto al concesionario se estableció un plazo de 24 meses para desarrollar las actividades necesarias, que permitan resolver las inconformidades de la comunidad indígena de Ipiales con el proyecto, de no lograr una conciliación se modificará los trazos iniciales.
